"Tras un amplio debate de más de 14 horas, hemos aprobado en la madrugada esta ley que no genera impunidad, como dice la minoría, sino que busca evitar más detenciones y procesos arbitrarios principalmente contra dirigentes de protestas", dijo a reporteros el presidente de la Cámara, Sergio Choque, del MAS.
La ley debe ser ratificada por el Senado, controlado también por el MAS, para quedar sancionada.
La presidenta de facto Jeanine Áñez anticipó que vetará la iniciativa.
Pero, si lo hace, la ley podrá ser promulgada por la presidenta del Parlamento y titular del Senado, Eva Copa, dijeron diputados del MAS y de la minoría que apoya al Gobierno de facto.
Pero Choque aseguró que el proyecto, cuya tramitación fue acordada entre los sindicatos y varios ministros en recientes negociaciones de pacificación tras el abrupto cambio de Gobierno, "no es una carta de impunidad sino una protección contra la criminalización del derecho a la protesta".
La norma dice que su objeto es "garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales civiles, políticos y de libre expresión contenidos en la Constitución y ratificados en tratados, convenios e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos".
Señala que esas garantías comprenden a "líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes de los pueblos indígenas, campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos, dirigentes vecinales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, autoridades y funcionarios".
La ley prohíbe detenciones, persecuciones y "cualquier medida que coaccione el libre ejercicio de derechos y libertades por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre de 2019".
Las protestas, que continuaron contra el Gobierno de facto instalado tras la caída de Morales, dejaron una treintena de muertos, otros tantos heridos y más de 500 detenidos, varios acusados ahora de terrorismo y sedición, según denuncias de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.
La 'ley de garantías' instruye la libertad de todos los manifestantes que no hayan sido imputados hasta 24 horas después de su detención, ordena a la Fiscalía una "amplia investigación" de la violencia en las protestas y dispone el pago de indemnización a las familias de los fallecidos y tratamiento médico gratuito para los heridos.
La norma dispone también que el Gobierno dé protección a los dirigentes sociales y a los parlamentarios, y reafirma la vigencia de la libertad de expresión, declarando expresamente que la difusión de información sobre protestas no puede ser considerada delito.
