"Por haber peligro inminente a la vida y a la integridad de los señores (Virgilio) Hernández, (Christian) González y la prefecta de Pichincha (cuya capital es Quito), Paola Pabón, se conceden las medidas cautelares", dijo Ramiro Aguilar, abogado de los tres detenidos, en una conferencia de prensa en Quito.
La decisión también pide al Estado que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes e informe sobre las acciones implementadas tendientes a investigar los hechos que dieron lugar a la medida cautelar y evitar su repetición.
La CIDH, además, solicitó al gobierno ecuatoriano que en 15 días informe sobre la adopción de las medidas acordadas y actualice de forma periódica esa información.
Pabón y González están detenidos, preventivamente, desde el pasado 15 de octubre, mientras que Hernández está detenido desde el 5 de noviembre.
Los tres son investigados por el presunto delito de rebelión durante las protestas de octubre.
Aguilar afirmó que en su dictamen la Comisión también hizo una reflexión sobre el daño irreparable de los derechos políticos de Pabón, e instó al Estado a respetar su condición de prefecta en funciones, pues si se le priva del cargo —como consecuencia de la prisión— se afectarían irreparablemente sus derechos.
Aguilar aspira a reunirse el lunes con representantes de distintas funciones del Estado ecuatoriano para implementar las medidas, y espera que éstas "permitan la liberación de los tres detenidos y la protección de la función de la prefecta".
Tanto los tres procesados como su abogado sostienen que el proceso judicial en su contra es una persecución política y que no existen pruebas del delito del que se les acusa, mientras la Fiscalía dice tener esas pruebas.
La Fiscalía dijo que los tres intervinieron en las manifestaciones con la finalidad de subvertir al pueblo y desconocer el orden constituido y el orden constitucional, y que en conversaciones telefónicas disponían salir al paro y armarse con instrumentos de defensa para ocasionar actos violentos, entre otras cosas.
Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.