"Recibimos con mucho dolor el informe de la CIDH (...), nos parece un informe totalmente sesgado, un informe que no refleja la realidad, informe que está favoreciendo solamente al narcoterrorismo, no está favoreciendo al pueblo de Bolivia", dijo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
"La CIDH ha hecho un trabajo sesgado, es vergonzoso el trabajo que ha hecho la CIDH; es increíble cómo se maneja cierta gente, es vergonzoso, no es un buen trabajo, lo vamos a revertir y mostrar las pruebas de lo que sucedió", protestó Murillo.
El informe de la CIDH, basado en observaciones de una comisión enviada al país a fines de noviembre, subió a por lo menos 36 la cifra de muertos y a más de 800 la de heridos en el conflicto político que vivió Bolivia en los dos meses pasados, durante el cual el presidente indígena Evo Morales fue derrocado y sustituido por Áñez.
De las muertes, más de la mitad derivaron de la represión de efectivos militares y policiales a una marcha de cocaleros en Sacaba (centro) y un bloqueo vecinal a una planta de almacenamiento de combustibles en Senkata, El Alto.
Según el ministro Murillo, la CIDH no preguntó a los manifestantes "por qué han marchado, quién los ha llevado, quién les ha pagado, de dónde venía la plata", ni se habría interesado en la situación de los habitantes de ciudades afectados por bloqueos de carreteras y ataques vandálicos.
Los sindicatos cocaleros expulsaron a la policía de Chapare y mantienen el control de la zona, en protesta por los motines policiales que contribuyeron a la caída de Morales.
El pasado fin de semana, la dirigente cocalera Segundina Orellana dijo que los habitantes de Chapare "ya no confían" en la policía y advirtió que "si (los agentes del orden) quieren volver, primero deben pedir perdón de rodillas", según reportó el diario La Razón.
Morales es desde hace más de dos décadas el presidente de las seis federaciones de cocaleros de Chapare.