"Apruébase el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", sostiene la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud.
El documento, anunciado el 12 de diciembre por el ministro de Salud, Ginés González García, "tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino", detalla el aviso.
El protocolo consiste en una herramienta sanitaria que detalla cómo debe proceder el equipo de salud que interviene, qué evaluación médica se debe realizar, y cuál es el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo, además de incluir bibliografía sobre todos estos pormenores.
El documento aclara que en virtud de un fallo de la Corte Suprema de 2012 "quien se encuentre en las condiciones descriptas en el art. 86 del Código Penal no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda".
El protocolo será actualizado de manera progresiva "cuando los estándares clínicos y el avance del progreso científico introduzcan nuevas evidencias", añade la resolución.
La organización Economía Feminista reveló que 11 de los 24 distritos del país se adhirieron al protocolo para la interrupción legal del embarazo, mientras que otras seis jurisdicciones tienen normativas similares vigentes.
Las siete provincias restantes no poseen normativas propias ni se sumaron al protocolo nacional.
El nuevo Gobierno de Alberto Fernández anunció que llevaría al Congreso un proyecto de ley para debatir sobre la legalización del aborto en todos los casos.
