"La Corte comenzará ahora sus deliberaciones […] La decisión de la Corte respecto a la solicitud de que se indiquen medidas provisionales se emitirá en una sesión pública cuya fecha se anunciará a su debido tiempo", publicó el ente al término de las audiencias, en las que Gambia estuvo representada por el fiscal general y titular de Justicia, Abubacarr Marie Tambadou; y Birmania, por la consejera de Estado (primera ministra) y titular de Exteriores, Aung San Suu Kyi.
Durante las audiencias, Gambia exigió a Birmania garantizar que no se cometan actos de genocidio contra los rohinyás: ejecuciones extrajudiciales, abusos físicos, violaciones u otras formas de violencia sexual, quema de casas o aldeas, destrucción de tierras y ganado, privación de alimentos y otros víveres, así como otras acciones deliberadas que imponen a los rohinyás unas condiciones que puedan acarrear su destrucción física total o parcial.
Por su parte, Birmania negó un intentó de genocidio y pidió a la CIJ eliminar el caso de su agenda o desestimar la petición gambiana sobre medidas cautelares.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó en torno a 933.000 en octubre pasado el número de rohinyás refugiados en el distrito bangladesí de Cox's Bazar, incluyendo casi 720.000 que huyeron de las persecuciones en Birmania desde el 25 de agosto de 2017.
Birmania, una nación mayoritariamente budista, deniega ciudadanía y derechos civiles a esta comunidad musulmana estimada entre 1,1 y 1,5 millones de personas, alegando que son inmigrantes bengalíes.
Unos 600.000 rohinyás que permanecen en territorio birmano se enfrentan a una persecución sistemática y viven bajo la amenaza del genocidio, denunció en septiembre pasado la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar.
