"Ratificar la subrogación del cargo de prefecto del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pichincha al señor ingeniero Alexandro Tonello, viceprefecto", dice la resolución emitida en la tarde del viernes, y con la cual la prefecta Pabón puede conservar el cargo mientras dure el proceso judicial.
El pasado 6 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno ecuatoriano que concerte medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Pabón, de Virgilio Hernández y de Christian González, los tres del movimiento político de Correa, investigados por el presunto delito de rebelión durante las protestas de octubre.
La prefecta obtuvo una licencia sin sueldo por 60 días, pero esta terminó el 8 de diciembre; posteriormente, con una decisión administrativa, el Consejo Provincial le otorgó 11 días de vacaciones anticipadas, que terminan el 19 de diciembre.
Durante los 12 días de movilizaciones y protestas de octubre en Ecuador hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.
Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
Datos del Ministerio de Gobierno dan cuenta que durante las jornadas de protesta 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, más de 400 agentes de la policía y militares retenidos contra su voluntad, y en varios casos sometidos a vejaciones y malos tratos, además de 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados.
