El flamante presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció desde su primer día en el mando que realizará una prometida intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), además de avances en el combate al narcotráfico.
El rol de los servicios de inteligencia, que dependen del Poder Ejecutivo, y su aparente vinculación con miembros del Poder Judicial durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri han sido fuertemente criticados, con acusaciones como intento de coerción a jueces, armado de causas a través del abuso de la figura del arrepentido y extorsión con involucramiento de periodistas y sospechados agentes.
"Estimo que hay dos cuestiones que son centrales en un sistema de Inteligencia, que es un proceso de reunión y análisis de información para la formación de la decisión política. Si se hace una reforma de la AFI en Argentina, contraterrorismo y contraespionaje tienen que quedar dentro de su órbita", dijo a Sputnik el abogado argentino Nicolás Dapena, experto en terrorismo y exasesor del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Alberto Fernández tiene pendiente confirmar quién estará encargado de la intervención de la AFI, quien trabajaría en estrecha comunicación con Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, exministro de Justicia y Seguridad entre 2003 y 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y una de las figuras de mayor confianza del presidente.
Dapena enfatizó que "estaría muy bien que se supriman las vinculaciones oscuras" entre periodistas, miembros cuestionados del poder judicial y aparentes miembros de los servicios de inteligencia, a los que calificó de "personajes nefastos".
El rol institucional del Ministerio de Seguridad
El experto insistió en que temas como narcotráfico, trata de personas, intervenciones telefónicas deben permanecer en el ámbito del sistema de investigación criminal, que son los fiscales, los jueces y las fuerzas de seguridad.
"Respecto al narcotráfico, la derrota del sistema en estos últimos años es que se duplicó el consumo, y por ende se duplicó la ganancia de los narcotraficantes y el lavado de activos. Hay algunas sospechas sobre que pueden haber habido operativos armados en la gestión anterior para aumentar las estadísticas, que ya se están investigando", dijo Dapena.
El experto criticó fuertemente el "componente circense" de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, "haciendo estigmatizaciones constantes, puestas en escena. Eso no es serio, me alegra mucho que la nueva ministra [Sabina Frederic] tenga una visión un poco más sensata y concreta de su rol institucional".
La polémica Bullrich fue fuertemente criticada por la violencia de sus palabras para rechazar el proyecto de ley ómnibus de emergencia económica que se debate en el Congreso: "Las catorce toneladas de piedra que nos tiraron se las tendrían que devolver una por una, duplicadas", dijo en entrevista televisiva, en alusión a los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad durante el debate por la reforma previsional en diciembre de 2017.
¿Qué es el contraterrorismo?
"En materia de terrorismo, Argentina tiene que resolver muy pronto los problemas de estructura legal que tiene. Para la ley nacional, cualquier delito es terrorismo si le agregamos una intención subjetiva, lo cual es un disparate desde un punto de vista legal", enfatizó Dapena.
"Los tres fenómenos —acto, organización y financiamiento— son tres tipos penales disconexos y muy mal redactados, que tienen que ser corregidos por algún tipo de propuesta que mantenga consistencia", profundizó.
Criticó también que el Ministerio Público Fiscal [organismo autónomo que regula los fiscales] tenga una oficina que hace inteligencia contraterrorista, "lo cual está notoriamente contra el código procesal penal, porque ellos tienen que intervenir en causas concretas".
"Lo más importante a rever es el sistema de listados que armó el Gobierno de Macri sobre el final de su mandato, que decidió que funcionarios de quinto nivel, como pueden ser el director de la UIF, puedan incluir o excluir personas u organizaciones como terroristas, algo notoriamente inconstitucional porque eso lo debe hacer un juez o legislador", finalizó.