En su tradicional discurso de Navidad, Piñera destacó como temas centrales la unidad y la paz. Una paz también para su administración, que se enfrenta a varios desacuerdos internos. Sin embargo, no son estas discrepancias lo que tiene más complicado al presidente chileno este fin de año, sino las graves acusaciones de violación a los derechos humanos contra su Gobierno, y por las cuales enfrenta dos querellas judiciales.
"Esperamos que quede constancia de estas violaciones y no queden en impunidad, porque la impunidad solo ayuda a que se repitan hechos tan lamentables como los traumas oculares que han sido a nivel mundial impactantes, con mutilaciones para el resto de la vida", señaló a Sputnik Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular.
Cientos de personas han perdido uno o ambos ojos por la acción de agentes del Estado. Un hecho que fue clasificado en su momento como una emergencia sanitaria tanto por el Colegio Médico de Chile como por el propio ministerio de salud del país suramericano.
Organismos internacionales y el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile han corroborado los crímenes de lesa humanidad por parte del Estado contra ciudadanos durante las manifestaciones en las calles del país. Situación que llevó a distintos diputados y diputadas de oposición a presentar, el 14 de noviembre pasado, una acusación constitucional contra Piñera por la responsabilidad política del mandatario por estos hechos.
Piñera y los delitos de lesa humanidad
Aunque la Cámara de Diputados rechazó finalmente la acusación constitucional presentada en el Congreso contra Piñera, este aún debe enfrentar dos acusaciones interpuestas ante la justicia chilena.
Esta querella se sumó a la interpuesta el 4 de noviembre por tres corporaciones de derechos humanos, y que fue admitida dos días después por el mismo juzgado de garantía.
Ambas acusaciones tendrían fundamento y estarían corroboradas en el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentado este lunes 23 de diciembre. Este reporte detalla que se han presentado 476 querellas por torturas y tratos crueles en favor de 568 víctimas entre 19 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. Cifras nunca antes vistas en democracia.
De este total, 433 fueron presentadas contra funcionarios de Carabineros de Chile; 33 por la participación de algún miembro de las Fuerzas Armadas, y 10 por participación de funcionarios de la Policía de Investigaciones. Todos son agentes del estado, y por cuya calidad darían sustento a las imputaciones contra la primera autoridad del país.
Además, el informe sostiene que la revuelta social desarrollada en el país se gestó a partir de "décadas de falta de respuesta de nuestro sistema político a las demandas principalmente sociales".
El informe del INDH termina de ratificar lo manifestado por otros organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), que con anterioridad también señalaron que en Chile se han violado los derechos fundamentales de las personas.
El documento también reveló que el mayor número de muertes y la mayor cantidad de lesiones por trauma ocular, como de personas heridas, se produjo durante el período de estado de emergencia, lapso en que Andrés Chadwick Piñera, primo del presidente, estuvo a cargo de la cartera de Interior. Por esta razón, Chadwick fue acusado constitucionalmente y no podrá ejercer cargos públicos por cinco años tras la aprobación por parte del senado chileno de dicha acusación.
En el informe también se detalla que se han presentado 96 querellas por torturas o tratos crueles con violencia sexual. El total de víctimas asciende a 135, de las cuales 71 son mujeres —equivalente al 53%— y 64 son varones —correspondiente al 47%—.
Para Valdés este informe "ayuda mucho a darle fuerza a la querella interpuesta, a que no estamos equivocados al señalar que el responsable es el presidente Piñera. Porque el INDH reconoce la violación de derechos humanos cometidas en el país, y señala que han sido sistemáticas y brutales".
La pena que arriesga el primer mandatario, en el caso de ser hallado culpable de violar el Artículo 5º de la ley 20357, que tipifica los crímenes de lesa humanidad y genocidio, es la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, siendo el máximo el que contempla una pena que va desde 15 años y un día a 20 años.
Tras dos meses de manifestaciones la pregunta que ronda el ambiente en el país suramericano es ¿qué se viene a nivel político? Las respuestas son múltiples según a quién se le pregunte, lo concreto es que finalizando el año las movilizaciones persisten y Sebastián Piñera enfrenta dos procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.
A la luz de los informes realizados por los organismos especialistas en el tema, estas querellas complican el futuro judicial del presidente.
