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España deberá indemnizar a la familia de José Couso por omisión de protección diplomática

© AFP 2023 / Javier SorianoHermano de José Couso, Javier Couso, en una manifestación en frente de la embajada de EEUU en España
Hermano de José Couso, Javier Couso, en una manifestación en frente de la embajada de EEUU en España - Sputnik Mundo
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MADRID (Sputnik) — La Audiencia Nacional de España condenó a la administración pública a indemnizar con 182.000 euros a la familia del cámara de televisión José Couso por omisión de protección diplomática tras su asesinato en el año 2003 en Irak.

En respuesta a un recurso formulado por la esposa del periodista, quien falleció por el impacto de un proyectil de un carro de combate estadounidense contra un hotel en el que se alojaba la prensa, la Audiencia Nacional considera que "el Estado debió ejercer la protección diplomática en favor de los familiares" ante las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, la Audiencia constata que la Administración General del Estado no realizó ninguna gestión y "se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por la Administración de los Estados Unidos".

La constatación por parte de los tribunales de que España falló a la hora de ofrecer amparo diplomático es un éxito para la familia del periodista, que lleva años acumulando derrotas judiciales.

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Desde hace años la familia Couso lucha para intentar llevar a la justicia a los responsables del regimiento de blindados nº 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada de Ejército de los EEUU, al que pertenecía el tanque que disparó el proyectil.

Sin embargo, la Audiencia Nacional —en una decisión posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional— decretó el archivo de la causa bajo la premisa de que los límites en la aplicación de la justicia universal establecidos en reforma judicial, llevada a cabo por el Gobierno del conservador Mariano Rajoy en 2014, impedían la búsqueda de los responsables.

El archivo de la causa se produce pese a que en el año 2016 el Tribunal Supremo admitió que "la muerte de un profesional de la información" en las circunstancias en que se produjo la de Couso supone un "ataque no justificado por parte de la fuerza armada a la población civil".

En un comunicado emitido este 10 de enero, la Audiencia Nacional recuerda que el Supremo ya declaró entonces que la muerte de Couso "constituyó un ilícito internacional" en el que "el demandante carecía de la posibilidad efectiva de obtener una reparación razonable directamente de los tribunales estadounidenses".

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Por ello, la Audiencia considera que España debió actuar para proteger los intereses de la familia mediante "un procedimiento de aplicación del derecho internacional".

En estos procedimientos —explica la Audiencia— un Estado realiza en favor de uno de sus nacionales diversas acciones ante otro que ha incurrido en un ilícito internacional a fin de que este último "repare el daño causado".

"No consta la realización de gestión alguna tendente, no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque [sobre la que se lamenta la ya citada sentencia del Tribunal Supremo] sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable", señalan los magistrados de la Audiencia Nacional.

Es más, los togados van más allá y lamentan que esta inacción por parte del Estado español se produjo "pese a las muy numerosas peticiones que al respecto se formularon por diversos grupos parlamentarios, según consta en el expediente administrativo".

En consecuencia, ahora la Audiencia Nacional condena a España a pagar la citada indemnización.

Finalmente la sentencia resalta que en el caso Couso, al tratarse de un periodista cubriendo un conflicto bélico, además de los derechos de la familia también estaba en juego "la libertad de información como valor objetivo del ordenamiento jurídico" y "como medio para la formación de la opinión pública libre", lo que debió motivar al Estado a ejercer acciones diplomáticas.

Tras conocer el resultado de esta sentencia, David Couso, hermano del fallecido, aseguró en redes sociales que la familia seguirá trabajando para "crear un precedente" y "llevar a juicio" los responsables.

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