"La madrugada de este jueves 9 de enero, horas después de que nuestra compañera Gabriela Rivadeneira saliera del país cobijada por la protección del Gobierno de México, fue detenido su padre. Exigimos se cumplan las garantías legales y el debido proceso", afirmó la fuerza política en un comunicado.
Según el portal Metro Ecuador, el padre de la legisladora, Pedro Rivadeneira, será investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito privado no justificado y asociación ilícita.
El periodista Fausto Yépez dijo en Twitter que las autoridades detuvieron a Mauro Flores Guerra y Pedro Rivadeneira Sandretti, quienes reportaron "movimientos financieros inusuales e injustificados por aproximadamente 5,9 millones de dólares mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos".
Según las investigaciones, los detenidos reportaron “...movimientos financieros inusuales e injustificados por aprox. 5,9 MILLONES de dólares mediante la adquisición d bienes inmuebles y vehículos...”
— Fausto Yépez (@faustoyepez) January 10, 2020
Detenidos: Mauro FLORES GUERRA y Pedro Rivadeneira Sandretti @teleamazonasec pic.twitter.com/dXAC5wqAX0
Por su parte, Revolución Ciudadana instó al Gobierno y a los operadores de justicia a "no judicializar la política".
"Las disputas políticas se resuelven en el campo del debate y de la confrontación de ideas", agregó.
Rivadeneira es una de los cuatro legisladores de la oposición que el 9 de enero viajaron a México, país en cuya Embajada se refugiaron durante tres meses en medio de las violentas protestas contra el Gobierno.
El 9 de enero el Gobierno ecuatoriano descartó las denuncias de persecución política de los opositores, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
"Detrás del discurso de persecución política está el interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son ahora procesados en órganos judiciales independientes", dice el informe oficial.
Durante las movilizaciones y protestas de octubre en Ecuador hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras,
incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.
