"De hallar si hubo irregularidades, el Gobierno exigirá que se tomen todas las medidas necesarias", dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en una rueda de prensa, según declaraciones difundidas por su despacho.
"En caso de comprobarse la participación de las personas señaladas en la publicación, se tomarán todas las medidas necesarias; no obstante, se tendrá la presunción de inocencia como prioridad y serán las autoridades quienes tomarán las decisiones en derecho sobre lo que pasará", señaló.
Según el funcionario, el Gobierno sólo supo de las interceptaciones ilegales a través de la publicación de Semana, pero reveló que desde el pasado 12 de diciembre, su cartera realiza una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, debido a versiones sobre nuevos casos de interceptaciones ilegales.
"Debo poner en conocimiento de ustedes y del país que el 12 de diciembre del 2019, siguiendo instrucciones del presidente de la República [Iván Duque], quien les habla solicitó el adelantamiento de una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se han venido efectuado en los últimos años", dijo.
Trujillo también aseguró que el general Nicacio Martínez dejó su cargo por motivos personales y no por hechos relacionados con las interceptaciones ilegales ahora conocidas.
"La decisión será oficializada por la Fiscalía en pocos minutos", publicó el diario El Tiempo.
Según la Revista Semana, desde dos unidades militares, el Batallón de Ciberinteligencia (BACIB) y el Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (BACSI), se hicieron en el segundo semestre de 2019 interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas, congresistas, gobernadores y militares, entre otros.
Tras un allanamiento realizado a una de esas unidades por orden de la Corte Suprema se encontró información relacionada con entidades públicas, grupos de abogados y defensores de derechos humanos.
