"¿Podemos seguir 'refugiando'" a Evo Morales?", se preguntó la fuerza en un comunicado difundido este 14 de enero que firma el presidente del comité nacional, Alfredo Cornejo, y la vicepresidenta, Alejandra Lordén.
En su escueto mensaje, el partido que integró la coalición de Mauricio Macri (2015-2019) reprochó a Morales que visitara la residencia presidencial que aloja al actual mandatario argentino, que participara en actos políticos y que concediera "todo tipo de reportajes a diferentes medios de comunicación".
La UCR, uno de los partidos más longevos del país junto al Partido Justicialista, que identifica al movimiento peronista, señaló que desde Bolivia, donde ejerce el poder el Gobierno de facto que preside Jeanine Áñez, "llegaron múltiples repudios a los dichos del expresidente Morales", mientras el Ejecutivo argentino permanece en silencio.
En un aval al Gobierno de facto de Bolivia, la UCR fue más allá al afirmar que las declaraciones del exmandatario de Bolivia, que llegó a Argentina el pasado 12 de diciembre, "atentan contra la paz y la democracia del país vecino, que está en pleno proceso de normalización de sus instituciones".
"Las amenazas de su exmandatario no ayudan en nada a los bolivianos", añade el comunicado.
El Gobierno argentino aceptó que Morales se instalara en el país bajo el estatus de refugiado, trámite que gestiona la Comisión Nacional de los Refugiados, dependiente del Ministerio del Interior.
Morales dimitió el 10 de noviembre, después de tres semanas de protestas contra su reelección en los comicios del 20 de octubre, y fue reemplazado dos días después por Áñez, quien asumió la presidencia sin aval parlamentario y respaldada solo por una opinión favorable del Tribunal Constitucional.
Morales dijo desde su exilio en Argentina que, como su renuncia no fue considerada por el parlamento, se considera presidente constitucional de Bolivia hasta el 22 de enero de 2020, fecha en que finalizaba originalmente su mandato.
