"El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado hoy por 12 votos a 7 que la fiscal de la Audiencia Nacional y exministra de Justicia Dolores Delgado García reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado", informó este órgano en un comunicado.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, propuso para el cargo a la que fue su Ministra de Justicia desde junio de 2018, recibiendo duras críticas por parte de la oposición, que ve en este movimiento un ataque a la separación de poderes.
En declaraciones a los medios previas a la deliberación del CGPJ, el líder del conservador Partido Popular (PP) y primera fuerza de la oposición, Pablo Casado, aseguró que Delgado "no reúne los requisitos de idoneidad, porque la legislación española le exige la imparcialidad que una diputada a día de hoy del Partido Socialista no tiene".
El reglamento del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general debe ser nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, y tras la consideración previa de el Consejo General del Poder Judicial.
El cargo está limitado a "juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión", y la exministra Delgado tiene acreditados más de 28 años como fiscal, según destaca el CGPJ en su comunicado.
Antes de ocuparse de la cartera de Justicia, Delgado era conocida en España por su labor en la Audiencia Nacional, donde durante años se desempeñó como fiscal antiterrorista, especializada sobre todo en cuestiones relacionadas con el yihadismo.
"A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada", señala la decisión adoptada por el Poder Judicial español y avalada por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
La elección de Delgado como Fiscal General del Estado llega en un momento en que hay abiertos varios procedimientos judiciales relacionados con el movimiento independentista catalán, en los que el Ministerio Público deberá tomar parte en los próximos meses.
Todo ello cuando Pedro Sánchez pretende iniciar un diálogo bilateral con el Gobierno de Cataluña que pasa por "dejar atrás la vía judicial" con el fin de solucionar el grave conflicto político en la comunidad autónoma.