El 14 de enero el primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó formalmente la petición del Ejecutivo escocés de Nicola Sturgeon para organizar un referéndum legal independentista. Según expresó el mandatario, los líderes independentistas —incluidos Sturgeon y su predecesor, Alex Salmond— habían prometido que solo habría una consulta "en esta generación" y fue la que fracasó en el plebiscito de 2014.
Escocia tiene una población de 5,4 millones de personas, una porción muy pequeña de los más de 66,5 millones del total de habitantes de las islas británicas. Aún así, en el territorio se puede observar una economía muy diversificada.
Sin embargo, 66 % de sus exportaciones van al resto del Reino, por lo que una eventual independencia implicaría tensas negociaciones o una completa reestructuración de la economía nacional. A esto se suma la incierta relación con la UE, que apoyó a Londres en su campaña contra la escisión escocesa en 2014, pero podría haber cambiado de posición tras el Brexit.
"¿Escocia ingresaría a la UE? Uno supondría que sí, pero allí también tendría el desafío de —en el caso de que las regulaciones del Reino Unido y la UE empiecen a diferenciarse de forma sustantiva— elegir el modelo regulatorio al que se acercaría más. En términos monetarios tendría que pensar si quiere tener una moneda propia, adoptar la libra esterlina o el Euro. Cada una de esas opciones tiene consecuencias", indicó el experto.
