"Estábamos trabajando para Bienestar, pero ahora con unos problemitas porque no nos quieren pagar, quién sabe por qué", explicó una de las personas refugiadas en México, que lleva ocho meses en Tapachula tramitando su pedido de protección internacional ante la Comisión mexicana de atención al refugiado (Comar).
Según el recibo que el denunciante mostró a Sputnik, los refugiados trabajan para el Programa de Emergencia Social, que fue implementado a mediados de agosto de 2019 en varias comunidades del sur y sureste de México.
Según confirmó a Sputnik Javier May Rodríguez, subsecretario de inclusión productiva y desarrollo regional de la Secretaría de Bienestar, existen 700 refugiados o solicitantes de asilo en Tapachula que se han acogido a este Programa.
El subsecretario May fue electo como senador por el estado de Tabasco en las últimas elecciones nacionales, pero renunció a su curul en agosto de 2018 al ser designado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para su cargo actual en la Secretaría de Bienestar. Allí fue encargado de coordinar el trabajo "para atender a migrantes en la frontera sur" en junio de 2019.
"Se van a regularizar los pagos, ya esta semana se paga lo que se adeuda. Nos atrasamos un poco por un tema administrativo, pero ya resolvimos para que a partir de mañana o pasado mañana se empiecen a tramitar los pagos", dijo May Rodríguez al ser consultado por esta Agencia, en la mañana del miércoles 22 de enero.
Un esquema precario
"Es demasiada la gente que está aquí (en Tapachula) y muchos ya estamos desesperados, pero se tiene miedo de denunciar porque si lo haces, comienzan con problemas", explicó a Sputnik una fuente que pidió anonimato.
Para acceder al plan y al pago por el trabajo, deben presentar su constancia de trámite ante la Comar así como dos copias de su documento de identificación y el comprobante de pago que les entregan los encargados locales del Programa. El pago se les hace de manera directa en una de las oficinas de telégrafos de Tapachula y el recibo que se les brinda refiere que el dinero proviene de la Secretaría de Bienestar, según el documento que los afectados enseñaron a Sputnik.
No tienen contrato por este trabajo y pueden realizarlo por un plazo de tres o cuatro meses aunque, según explicó la fuente, uno puede ser separado del programa, "si no está trabajando bien o si llevas mucho tiempo, te sacan. Ahorita sacaron a varias personas de las que estaban trabajando con nosotros en Tapachula", explicó.
"Imagínese que para la necesidad que pasamos nosotros aquí, que trabajemos y no nos paguen es muy difícil, porque no todos tenemos la oportunidad de que nos ayuden otras personas", explicó.
Este Programa de Emergencia Social ya había tenido problemas de pago a fines de 2019, como denunciaron sus trabajadores en una manifestación pública que hicieron frente a las oficinas de la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Tapachula, el 19 de diciembre de 2019.
"En diciembre también se atrasaron un mes de pago (correspondiente a) la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre, pero nos pagaron. El viernes 20 (de diciembre) nos pagaron una y el lunes 23, la otra; en cambio esta vez ya se está pasando del mes", explicó.
Cerca de 150 refugiados esperaban su pago del adeudo para el viernes 17 de enero, pero en la oficina donde se presentan a trabajar les dijeron que el dinero no estaba y que regresaran al día siguiente.
"Así nos tienen, con el mañana y el mañana pero ya estamos desesperados porque ahora nos dejaron sin trabajo", agregó.
Al preguntarle sobre esta situación a May Rodríguez, responsable político del programa, dijo a Sputnik que "esta semana" se pagará lo adeudado, aunque no especificó cuándo. El subsecretario sostuvo, contrario al relato recabado por este medio, "que ya les hemos explicado a las personas la situación y han entendido y continúan laborando".
May Rodríguez explicó que el primer atraso (de las quincenas de noviembre y diciembre de 2019) se debió al cierre del ejercicio presupuestal del fin de ese año.
"Había un ambiente controlado de (la Secretaría de) Hacienda y por eso nos atrasamos, pero no es debido a que no se haya enviado la información", agregó.
Sin embargo, las fuentes afectadas que brindaron su testimonio a Sputnik reafirmaron que el trabajo se ha interrumpido por decisión de la autoridad y, en Tapachula, no se reanudó la actividad laboral el 20 de enero como estaba previsto.
"Con la falta de pago todos andan aquí desesperados, pero a todos les da miedo decir lo que pasa porque ¿quién va a poner su nombre y su cara para que le tomen represalia? Ahorita difícilmente andamos, nos tocaba pagar el 15 (de enero) la casa y no la hemos pagado, pero ¿cómo le hacemos? Nosotros cumplíamos con el trabajo, para que ellos también cumplieran", concluyó el refugiado.
El Programa de Emergencia Social fue lanzado por el Gobierno Federal mexicano en agosto de 2019 como una forma de brindar apoyo económico y fomentar la estancia en México de los solicitantes de asilo que querían llegar a Estados Unidos. Comenzó a operar tras el despliegue de 6.000 efectivos de la militarizada Guardia Nacional a lo largo de toda la frontera entre México y Guatemala, para frenar el avance del éxodo centroamericano al norte del Continente.
