"Birmania, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, debe tomar medidas que estén a su alcance para prevenir la comisión de actos (...) en particular: matar miembros del grupo, causar daños corporales y mentales graves a los miembros del grupo", dijo el presidente de la corte, Abdulqawi Ahmed Yusuf.
El 11 de noviembre de 2019, Gambia, en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), denunció a Birmania ante la corte internacional por un supuesto genocidio tras las ofensivas militares contra la minoría musulmana rohinyá en 2016 y 2017.
Más de 745.000 rohinyás, un grupo étnico bengalí del norte del estado birmano de Rakáin, huyeron a la zona limítrofe de Bangladés desde finales de agosto de 2017, en medio de un brote de violencia provocado por un ataque del llamado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán contra 30 puestos policiales.
El tribunal de la ONU exigió también a las autoridades de Birmania que presente dentro de cuatro meses un informe sobre las medidas adoptadas y después deberá entregar cada seis meses un informe con el seguimiento de la implementación de esas medidas hasta que la corte resuelva sobre el fondo del caso.
La corte inició el juicio contra Birmania por presunto genocidio el 12 de diciembre de 2019.
Birmania, una nación mayoritariamente budista, deniega ciudadanía y derechos civiles a la comunidad rohinyá, estimada entre 1,1 y 1,5 millones de personas, alegando que son inmigrantes bengalíes; el conflicto y la crisis humanitaria se agravaron especialmente con la transición política de un régimen militar a uno civil ocurrida entre 2011 y 2012.
