"Los procesos no dieron respuesta a la denuncia presentada por la mamá de Paola (la adolescente violada); el Estado no adoptó una política pública adecuada y efectiva para prevenir que hechos como los denunciados ocurrieran", manifestó durante la audiencia la directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado (PGE), María Fernanda Álvarez.
La audiencia se realizó en la sede de la Corte IDH, en San José, Costa Rica.
En la audiencia, Petita Albarracín, madre de Paola, relató que la joven fue víctima de acoso y abuso sexual por parte de Bolívar Espín (64 años), entonces vicerrector del colegio público en el cual la adolescente estudiaba en la ciudad de Guayaquil (suroeste).
Durante la audiencia, Álvarez ofreció disculpas públicas a la madre de Paola y a su hermana, Denisse Guzmán.
Mientras tanto, en Quito, la Procuraduría de Ecuador reconoció en un comunicado la ausencia de rutas de denuncia, investigación y sanción para las situaciones de violencia sexual que ocurren en el ámbito académico, así como la falta de medidas de prevención.
Admitió "la inadecuada investigación administrativa que se realizó para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades de lo sucedido", y aceptó que el proceso judicial por la muerte de Paola Guzmán no cumplió con los estándares de debida diligencia, pues no se logró la localización y captura del violador, lo cual devino en la prescripción del delito.
Contra el vicerrector del colegio los jueces ordenaron captura, pero nunca lo encontraron y su caso prescribió en Ecuador.
El caso conocido como "Guzmán Albarracín y familiares contra el Estado ecuatoriano" es el primero enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana sobre violencia sexual, incluyendo acoso sexual, en el ámbito educativo.
Desde el año 2002, Petita Albarracín inició el proceso judicial, primero en instancias nacionales y luego ante la Corte IDH.
"La niña fue víctima de violencia en su condición de mujer y niña, incluyendo violencia sexual, por parte del vicerrector de su colegio y por el médico del colegio, ambos funcionarios públicos, y existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida", señaló la Corte IDH en febrero del año pasado.
La resolución final de este caso llegará en 2021 y se espera que sirva como base jurídica para que todos los países de la Corte IDH exijan a los Estados mayor protección para los menores en sus escuelas y colegios.