Ante la falta de atención de las autoridades locales, Patricia Martínez se encadenó frente al Palacio Nacional, sede del Gobierno Federal mexicano. La desesperación de esta mujer tiene que ver con que su hijo menor vive una bomba de tiempo.
Para demostrarlo, enseñó a Sputnik el certificado médico fechado el 27 de diciembre de 2019 y firmado por el doctor Jorge Cortés López, especialista en nefrología y trasplantes, que indica que la condición de salud de Juan Carlos Monroy Martínez puede volverse "grave" si no se atienden las recomendaciones que menciona en el documento:
- Que Monroy Martínez es portador de diabetes mellitus insulino-dependiente (tipo 1- denominada juvenil, que tiene desde la adolescencia, explicó su madre) y eso derivó en una enfermedad renal crónica, por lo que debió recibir un trasplante de riñón en diciembre de 2018 tras recibir hemodiálisis, según consta en el documento médico.
- Que a consecuencia del trasplante y su enfermedad crónica, debe recibir un plan de medicación por tiempo indefinido (tacrolimus, acido micofenólico, prednisona e insulina, según lo requieran sus niveles de glucosa en sangre) y que "suspender dicha medicación orillará al paciente a presentar rechazo del órgano y perdida de la funcionalidad del riñón trasplantado".
Su madre, Patricia Martínez, exige que se respeten estas condiciones necesarias para la salud de su hijo y reclama acceso al derecho a la vida, a la salud, al trato digno y la seguridad personal. Así lo envió por escrito a los titulares del Centro de Readaptación social de Pachuca de Soto (Hidalgo) donde está detenido Monroy Martínez y también al director general de Prevención y Reinserción Social Estatal. Buscó a su vez la intervención de las comisiones locales —que declinó en primera instancia a intervenir en el caso— y la federal de derechos humanos.
Al no obtener respuesta a sus pedidos, Patricia Martínez se encadenó frente al Palacio Nacional, sede del Gobierno Federal mexicano. Sputnik recopila la historia, contada por Patricia.
Una detención arbitraria
El día que fue detenido, en las primeras horas del sábado 21 de diciembre de 2019, Monroy Martínez viajaba en taxi con otras personas cuando fue interceptado por "varios elementos armados con armas cortas y largas", vestidos de civil y encapuchados en automóviles sin identificación de ningún tipo.
En la mañana lo llevaron ante el servicio médico forense para que le brindaran un certificado médico. Permaneció detenido en unas galeras hasta que dos días después se descompensó por falta de medicina para controlar sus niveles de azúcar en sangre y fue trasladado a la emergencia del Hospital público, en medio de un fuerte operativo de seguridad.
Dos días después de su detención seguía incomunicado y al ser dado de alta del hospital, fue llevado por primera vez a una instancia regular. En las oficinas del Ministerio Público de Pachuca le dijeron que lo acusaban de un delito menor por cohecho (complicidad) y que podía firmar e irse, pero cuando salió del sitio fue nuevamente detenido, esta vez por dos policías uniformados que le dijeron que estaba formalmente acusado de homicidio por presuntamente asesinar a un hombre en el bar Silvana en Pachuca.
Tras 144 horas incomunicado, logró hablar con su familia desde el Centro de Reclusión de Pachuca, donde fue vinculado a proceso por la jueza de control Karina Vértiz Marín, que validó su detención.
Su familia denuncia que la causa fue armada contra él, producto de una diferencia política y personal con el actual secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar.
"No puede ser un caso aislado porque Delmar en varias ocasiones, donde quiera que llegaba y estaba mi hijo, lo revisaba. 'Inspección' le decía y la suya era la única mesa que revisaba y luego se iba. Esto es un abuso de poder de la fuerza que tiene por ser un servidor público. Hubo incluso un día que pusieron un retén policial en la esquina de nuestra casa y ni siquiera vivimos sobre una avenida principal o peligrosa", denunció Martínez a este medio.
Después de la exposición pública de esta situación que encabezó su madre, Monroy Martínez sufrió represalias en su reclusión. Fue dejado horas sin comer (desequilibrando su enfermedad) y sufrió un intento de ser atacado por otro recluso con un arma irregular, mientras mantenía la visita semanal con su familia.
Como la comisión estatal de derechos humanos declinó tomar el caso, intervino la Comisión Nacional de derechos humanos, gracias a la gestión que hizo su madre en la división de Atención ciudadana del Palacio Nacional (sede del Gobierno Federal).
"Buscan intimidarnos y hacernos callar esta denuncia, quieren dejar morir a mi hijo en prisión, mediante un coma diabético con los niveles de azúcar que está manejando", dijo Martínez.
Mientras continúa buscando apoyo en los niveles federales de Gobierno, su familia creó una página en Facebook para informar los avances de su lucha por la justicia ante lo que identifican como un abuso de poder.
La familia sufrió otra pérdida grave a finales de 2019, cuando otro de sus integrantes, Óscar Israel Guerrero Rosas, murió en reclusión en el Penal del Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, en circunstancias que no se han aclarado. Esto incrementa el dolor y el temor de quienes exigen una pronta resolución para la situación de Martínez Monroy, antes de que sea demasiado tarde.
