"Este ha sido tiempo prudente y suficiente para que el Estado de Honduras, a través del Ministerio Público, tuviese deducidas las responsabilidades e implementado acciones legales para sancionar a esta estructura criminal", señaló el COPINH en un comunicado.
Cáceres, ganadora del Premio Goldman 2015 por su labor ambiental, fue asesinada a balazos en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
La familia de Cáceres y el COPINH denunciaron, durante el proceso, reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso, tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal.
La Sala Primera del Tribunal de Sentencia hondureño falló en 2018, en el primer juicio por el asesinato de la activista, determinando que el crimen fue cometido "con conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)" con el objetivo de poner fin a la resistencia al proyecto Agua Zarca.
El 3 de febrero, integrantes del COPINH y allegados a la activista se dirigieron al Ministerio Público para manifestarse y exigir respuestas varios miembros de la familia Atala Zablah, a quienes responsabiliza por el asesinato de Cáceres vinculados a la empresa DESA.
Ellos "hoy siguen caminando con la tranquilidad sin ninguna consecuencia por haber motorizado y decidido la ejecución del crimen que intentaba frenar la lucha de Berta Cáceres y de COPINH en defensa del Río Gualcarque, tal como lo demuestra la sentencia emitida en diciembre pasado", sentenció la organización.
El tribunal declaró culpables el 29 de noviembre de 2018 a siete de los ocho acusados como ejecutores del asesinato de la activista: Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte y la sentencia fue leída por el tribunal recién el 2 de diciembre de este año.