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El juez argentino Bonadio "siempre trabajó a favor de los encubridores" del crimen de la AMIA

© AP Photo / Natacha PisarenkoLas fotos de las víctimas del atentado a la AMIA en Argentna (archivo)
Las fotos de las víctimas del atentado a la AMIA en Argentna (archivo) - Sputnik Mundo
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BUENOS AIRES (Sputnik) — El juez federal argentino Claudio Bonadio, muerto este 4 de febrero, debe ser recordado por obstruir la investigación del encubrimiento del mortal ataque terrorista a la mutual judía AMIA, dijo a Sputnik la dirigente de una asociación de familiares de víctimas que buscan justicia, Diana Wassner.
"Hemos recordado todos estos años el papel de Bonadio en la causa del encubrimiento de la AMIA [Asociación Mutual Israelita Argentina], pues siempre ha trabajado a favor de los encubridores", dijo Wassner, secretaria general de Memoria Activa.

Bonadio, de 64 años, murió este 4 de febrero de cáncer en Buenos Aires.

Memoria Activa fue querellante en el juicio por el encubrimiento del atentado de 1994 a la AMIA, por el cual murieron 86 personas, entre ellas el esposo de Wassner, Andrés Malamud.

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Aquel juicio, que terminó en febrero de 2019, expuso los intentos de desviar la investigación, orquestados desde varios estamentos del Estado, incluidos el aparato de inteligencia y la propia justicia.

Ocho de los 13 acusados de encubrimiento fueron condenados, entre ellos el juez responsable del primer y fallido juicio sobre el ataque, Juan José Galeano, y los por entonces fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, mientras que fue sobreseído el expresidente Carlos Menem (1989-1999).

Entre 2000 y 2005, la investigación de ese encubrimiento estuvo a cargo del juez Claudio Bonadio, hasta que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, conocida como Cámara Federal, lo apartó por considerar que había "perdido la imparcialidad".

Entre otros motivos, se acusaba al juez de proteger a quien fuera ministro del Interior de Menem, entre 1995 y 1999, Carlos Corach, uno de los sospechosos de orquestar el encubrimiento, y para el cual Bonadio había trabajado como asesor entre 1990 y 1992.

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"Bonadio no solo hizo daño en la causa AMIA, sino que hizo daño a nivel general, trabajando por una justicia que más que justicia ha sido injusticia", reprochó Wassner.

Memoria Activa denunció por ello al magistrado ante el Consejo de la Magistratura, órgano que evalúa y puede sancionar el desempeño de los jueces.

Bonadio también fue acusado ante el Consejo de la Magistratura de obstruir la investigación del encubrimiento por la propia Cámara Federal y por la Unidad Especial de Investigación de la causa AMIA, a cargo en ese momento del abogado Alejandro Rúa.

"Intentamos un juicio político para lograr su destitución, lo que no fue aceptado", recordó Wassner.

La dirigente de Memoria Activa lamentó que Bonadio, titular desde 1994 del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 de la ciudad de Buenos Aires, fuera juez "durante tantos años".

"Es una lástima para todos los valores democráticos que ese juicio político no se haya llevado a cabo en su momento y que lo que lo separe de su puesto de juez sea su muerte", finalizó.

Denuncia internacional

Memoria Activa presentó en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por vulnerar los derechos humanos de sus seres queridos y por impedirles el acceso a la justicia.

El Gobierno del ahora fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) reconoció en 2005 la responsabilidad internacional del Estado por no haber esclarecido el ataque y se comprometió a tomar una serie de medidas de resarcimiento con los familiares y sobrvivientes.

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El proceso de solución amistosa que se abrió a partir de esa instancia quedó trunco en 2009 ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado.

A través de esta instancia con la CIDH, fueron interpelados en varias ocasiones el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y el de Mauricio Macri (2015-2019).

En noviembre del año pasado, Wassner testificó ante la CIDH en representación de Memoria Activa durante una audiencia de alegatos por la causa AMIA.

Se trató de una instancia previa antes de que el organismo publique un informe en el que podría declarar la responsabilidad internacional del Estado argentino por la falta de prevención del ataque y por el desvío y encubrimiento de la pesquisa judicial.

La CIDH además podría elevar la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que juzga el incumplimiento estatal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cristina Fernández

Bonadio, además, elevó a juicio gran parte de los procesos en los que está imputada la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández, entre otros funcionarios de su Gobierno.

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En el marco de estos casos, Bonadio dictó varios pedidos de prisión preventiva contra Fernández cuando esta ya tenía fueros parlamentarios como senadora, a partir de diciembre de 2017.

Uno de los expedientes más sonados es el que imputa a Fernández por firmar cuando era presidenta un Memorándum de Entendimiento con Irán para intentar interrogar a los sospechosos iraníes de pergeñar el ataque a la AMIA.

El magistrado, que llegó a citar a la senadora en febrero de 2019 a ocho declaraciones indagatorias en una sola jornada, también elevó a debate oral otro expediente sobre la obra pública concedida durante la gestión de la exmandataria.

El juez procesó a Cristina Fernández en otra causa elevada a juicio que investigaba la sociedad inmobiliaria Los Sauces, y también impulsó, aunque fue apartado en 2015, otro caso elevado a juicio en el que se investiga la sociedad hotelera Hotesur, ambas propiedad de la familia Kirchner.

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El único expediente contra Cristina Fernández que de momento llegó a juicio es el que impulsó Bonadio por supuestas irregularidades en la concesión de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), y que tendrá su próxima audiencia el 12 de febrero.

Bonadio, que el año pasado fue operado de un tumor cerebral conocido como glioblastoma, se encontraba de licencia y había pedido una extensión de su período de descanso hasta el 1 de marzo. 

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