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Amnistía alerta sobre el futuro de DDHH en El Salvador tras la militarización del Parlamento

© REUTERS / Victor PenaLos militares en el Parlamento de El Salvador
Los militares en el Parlamento de El Salvador - Sputnik Mundo
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SAN SALVADOR (Sputnik) — La organización Amnistía Internacional (AI) alertó sobre los peligros para la institucionalidad y los derechos humanos en El Salvador, a partir de la reciente militarización de la Asamblea Legislativa (parlamento) de este país.
"El ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país", alertó Erika Guevara, directora para las Américas de AI, en una nota publicada por la institución en su web oficial.

Guevara instó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a resguardar el legado de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado en esta nación centroamericana sin poner en riesgo la institucionalidad al servicio de los derechos humanos.

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"Las múltiples denuncias de francotiradores apostados en las proximidades de la Asamblea Legislativa, la presencia militar innecesaria y las restricciones a la libertad de prensa podrían marcar el inicio de una ruta peligrosa para la institucionalidad y para los derechos humanos en el país", agregó la activista.

El pronunciamiento insiste en que tanto el Gobierno como la Asamblea Legislativa deben asegurar que sus decisiones se tomen respetando las normas nacionales e internacionales, pues "el pueblo salvadoreño no se merece revivir los años de tragedia y abuso estatal."

Al igual que AI, la organización Human Rights Watch criticó lo que consideró una "exhibición de fuerza bruta" de Bukele para persuadir a los parlamentarios, y sugirió la activación de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Luis Almagro, secretario general de la OEA, declaró en redes sociales que conversó con la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, y esta le reafirmó el respeto del Gobierno de su país por la Constitución y la institucionalidad.

Esta crisis en El Salvador comenzó el 6 de febrero cuando Bukele invocó el artículo 167 de la Constitución para convocar a través del Consejo de Ministros a una sesión extraordinaria de la Asamblea para tratar la aprobación de un crédito internacional para financiar la tercera fase del plan Control Territorial.

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La Asamblea aprobó un informe en el que demostraba la improcedencia de tal llamado, por considerarlo una violación de la separación de poderes del Estado, y Bukele afirmó que si los diputados no acudían incurrían en desacato y el pueblo podría ampararse en el artículo 87 para iniciar una insurrección ciudadana.

El 9 de febrero Bukele advirtió que volvería a convocar a sus simpatizantes ante la Asamblea si los diputados no autorizaban esta semana la negociación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar un plan de seguridad.

El ultimátum del jefe de Estado llegó tras días de tensión, agravada por el despliegue de efectivos militares en los alrededores del parlamento y en el Salón Azul del Palacio Legislativo, situación inédita desde los años del conflicto armado (1980-1992).

Bukele llegó a la Asamblea y ocupó el asiento del diputado Mario Ponce, presidente de la actual legislatura.

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