"Es clave visualizar y analizar los roles masculinos y femeninos que se construyen en los mercados de drogas, tanto en las formas de consumo, como en las sustancias consumidas según el sexo y en los roles dentro de la cadena de tráfico ilícito de drogas", dice la guía "Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento en Uruguay".
La cantidad de mujeres presas en Uruguay es muy pequeña comparada con la de hombres, pero la proporción de ellas que están tras las rejas por delitos de drogas supera con creces al porcentaje de los varones.
De estas, 11,84% están presas por "delitos de estupefacientes", como se designa en términos judiciales a los vinculados a las drogas.
Si se desglosan estos datos según el género, encontramos que más de un tercio (35,89%) de las 638 mujeres privadas de libertad cumplen condena por estos delitos, observa la guía, elaborada por la gubernamental Junta Nacional de Drogas.
La proporción de hombres presos por esos delitos es menor: 10,46% de los 11.110 varones detenidos en Uruguay, es decir 1.163.
Es fundamental entender "cómo las relaciones de género y los factores socioeconómicos permean y configuran las redes de tráfico internacional, y desde qué lugar se habilita la inserción o participación de las mujeres" en esas redes, señala la guía.
Producir conocimiento
Gabriela Olivera, técnica asesora de la Secretaría Nacional de Drogas (SND) y una de las coordinadoras generales de la guía, explicó a Sputnik que había necesidad de sistematizar la poca evidencia científica que existe en Uruguay sobre el tema, así como urgencia de capacitar a los distintos actores involucrados.
"Nos dimos cuenta de que había que empezar a producir conocimiento sobre el tema y empezar a hacer capacitaciones, porque nos encontrábamos con jueces, defensoras, personas en distintos lugares del Poder Judicial que después de hacer la capacitación nos decían: "Yo nunca miré de esta manera a una mujer que viniera por un delito de drogas". Y eso es muy fuerte", dijo Olivera.
La experta en prevención y tratamiento de drogodependencias por la Universidad Complutense de Madrid recordó que la SND trabaja este tema desde 2006, y que además de los objetivos mencionados, la razón más importante de la guía "era contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres", para saber "en qué terreno uno está pisando".
"En realidad son acciones delictivas pero no intencionales, que tienen una lectura de género, o de una trayectoria de vida", explicó Olivera, que tiene una "Especialización en género y drogas con foco en niñas y mujeres" de la Universidad de Virginia, EEUU.
Ante la ausencia del hombre en el hogar, son estas mujeres las que "quedan como el único sustento y toman el lugar de proveedoras", explicó.
"Y allí entra la trayectoria de vida, porque muchas de estas chicas no han terminado el liceo, no tienen una formación como para buscar un empleo decente en el sentido económico, digno, que les permita mantener dos, tres criaturas, y pagar un alquiler y darles de comer", describió.
Así, "muchas de las veces el único dinero que ven que puede fluir es ahí, y además tienen que estar ahí, porque también se tienen que hacer cargo de esos niños", señaló.
Conocer lo que ya no existe
La guía advierte "la falta de articulación" entre políticas sociales, penitenciarias y de drogas, así como entre los diferentes programas y organismos que abordan la temática, y que muchas veces trabajan a espaldas uno del otro.
Olivera comentó que entre las recomendaciones de la guía "está justamente [la de] no solo producir mejor evidencia científica, de mayor calidad, sino también conocer lo que ya existe y tratar de mejorar el nivel de articulación entre los distintos programas".
"Estamos en el mejor momento para dar un salto: producir mejor evidencia científica y sobre todo promover medidas alternativas a la prisión y mejorar articulaciones; creo que estamos en condiciones de llegar a ese objetivo", aseguró.
La guía "Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento en Uruguay" es una adaptación a la realidad uruguaya de la guía regional "Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento", publicada en 2016 por el centro de estudios WOLA (siglas en inglés de Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, en inglés), la organización DeJusticia y la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos.
En la adaptación del documento participaron dependencias gubernamentales y del Poder Judicial de Uruguay, así como organizaciones de la sociedad civil y la Facultad de Psicología de la Universidad de la República.
