Según el diario El Mundo, el gobierno catalán realizó esta aportación a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, algo que quedó reflejado en la relación de contribuciones voluntarias que publica el Alto Comisionado para los Derechos de la ONU cada año.
De este departamento depende el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que el año pasado emitió un dictamen en el que definió como arbitraria la situación de prisión preventiva de Junqueras, Cuixart y Sánchez. El texto defendió su ''inmediata puesta en libertad'', la necesidad de ''concederles una indemnización'' y una ''exhaustiva investigación'' de las circunstancias del encarcelamiento de los dirigentes independentistas. Al final, el Tribunal Supremo condenaría a Junqueras a 13 años de cárcel y nueve a Sánchez y Cuixart.
El dictamen de la ONU fue difundido por la Consejería de Exteriores de la Generalitat, de la que depende la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
En 2019, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU recibió también 20.000 euros del Gobierno vasco, quien realiza donaciones anualmente desde 2015. En cambio, la Generalitat solo envió otra más, por valor de 100.000 euros, en 2016.
