"Nuestro objetivo siempre va a ser cautelar que de alguna manera el sistema y las procuradurías no se erosionen, no se resquebrajen en su trabajo por algún elemento que pueda suceder, que pueda generar algún atisbo de sombras sobre el trabajo de la procuraduría. Y este es el motivo por el que hemos tomado la decisión", dijo en conferencia de prensa el procurador general del Estado, Daniel Soria.
En una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, se informó que el Consejo Consultivo de la Procuraduría General había tomado la decisión el 11 de febrero.
Una empresa de Liu había prestado consultorías para la constructora brasileña Odebrecht (cuyos sobornos están en el origen del caso Lava Jato) sobre la obra Gasoducto Sur Peruano en 2014, cancelada luego por el Estado peruano por indicios de corrupción.
En la denuncia periodística, el exministro declaró haber sostenido una reunión secreta el 9 de enero con Ramírez y cuatro representantes de Odebrecht, lo que generó suspicacias sobre el trabajo del procurador.
Por la cancelación de la obra, la constructora brasileña demandó a Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), exigiendo una indemnización de 1.200 millones de dólares.
