"En todo el año pasado, hubo 41.635 asesinatos en el país, frente a 51.558 en 2018", lo que representa una caída del 19%, y el menor número de asesinatos desde 2007, cuando el Forum Brasileño de Seguridad Pública empezó a recopilar datos.
Esas cifras incluyen a las víctimas de homicidios dolosos (incluidos los feminicidios), latrocinios (robo seguido de muerte) y lesiones corporales que acabaron provocando la muerte de la persona.
El estado de Ceará (noreste) es el que obtuvo mejor resultados: los homicidios cayeron un 50,3%, mientras que en Mato Grosso do Sul (centro-oeste) apenas disminuyeron un 3,1%.
Los datos de 2019 consolidan una tendencia a la disminución de muertes violentas, dado que en 2018 hubo 51.558, un 12,8% menos que en 2017, año en que se tocó techo (59.128 homicidios).
En Brasil, la política de seguridad y de combate a la violencia es competencia de los gobiernos de los estados (quienes administran la Policía Militar, por ejemplo, que patrulla las calles).
"Cuando hay elecciones para el Gobierno de estado y para presidente, al año siguiente, vemos una reducción de homicidios en el territorio nacional", subrayó Samira Bueno, especialista del Forum Brasileño de Seguridad Pública en declaraciones a G1.
En este sentido, la especialista destaca el trabajo continuo de diversos estados en favor de políticas de reducción y control de violencia, como Sao Paulo (sureste), Paraíba (noreste) o Espírito Santo (sureste), que llevan entre cinco y diez años consiguiendo reducir los asesinatos.
Otro de los factores es un mayor control de los jefes de las facciones del narcotráfico dentro de las cárceles; los gobiernos regionales les presionan amenazándoles con transferirles a cárceles federales, que tienen unas condiciones más rigurosas.
Además, hay efectos circunstanciales, como pactos entre facciones rivales y una reconfiguración del mercado de la droga.
