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España da luz verde a la 'tasa Google' aunque no empezará a cobrarla hasta diciembre

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MADRID (Sputnik) — El Gobierno de España comenzó la tramitación de una de sus medidas estrella en materia fiscal, la llamada 'tasa Google', con la que se pretenden recaudar unos 1.000 millones de euros (1.080 millones de dólares) anuales procedentes de las grandes multinacionales tecnológicas que actualmente esquivan al fisco.
"El objetivo es gravar operaciones propias de la economía digital que actualmente están fuera del sistema tributario y por tanto suponen un agravio para el resto de sectores", explicó en rueda de prensa la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Madrid seguirá el ejemplo de Francia y no empezará a cobrar estos impuestos hasta el mes de diciembre para intentar no soliviantar a EEUU.

Además de la 'tasa Google', el Gobierno de España también aprobó este 18 de febrero la llamada 'tasa Tobin' que gravará con un 0,2% la compra de acciones de grandes empresas (aquellas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros [1.080 millones de dólares]) para recabar otros 850 millones (918 millones de dólares) anuales.

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"Con estos dos impuestos el sistema tributario se moderniza", señaló la Montero antes de subrayar que "no se puede tener un modelo de bienestar moderno con un modelo tributario caduco", por lo que se hace necesario "avanzar hacia una fiscalidad propia del siglo XXI que recoja nuevas áreas de actividad y se adapte a la globalización en un mundo cada vez más digitalizado".

Con la aprobación de la 'tasa Google' el Gobierno de Pedro Sánchez se adelanta a organismos como la OCDE o la propia Unión Europea, que actualmente están inmersos en procesos de deliberación para buscar fórmulas con las que gravar a los gigantes tecnológicos.

La OCDE espera tener en noviembre un acuerdo para aplicar un impuesto a las grandes empresas multinacionales tecnológicas a nivel global, mientras que la UE lanzará una directiva en 2021 si el primer organismo no tiene resuelto el asunto para entonces.

El proyecto de ley aprobado este 17 de febrero por España se adelanta a estos organismos, pero el Gobierno dejó claro que apoya la consecución de acuerdos a nivel internacional y que, una vez alcanzados, su legislación se adaptará a ellos.

La aprobación de este proyecto de ley aumenta el riesgo de un agravamiento de las tensiones comerciales con EEUU, país del que son algunas de las empresas más afectadas por este impuesto, conocido en algunos lugares como la 'tasa GAFA' (Google, Amazón, Facebook, Apple).

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Washington ya avanzó su intención de tomar represalias comerciales contra aquellos países que decidan gravar la actividad de estas empresas. Arrastrado por esas amenazas, países como Francia, que ya aprobó su 'tasa Google', decidieron congelar el cobro de los pagos hasta el final de 2020, sentando un ejemplo que ahora España pretende seguir.

"Nosotros prevemos un sistema similar para ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional", avanzó este 17 de febrero la vicepresidenta económica de España, Nadia Calviño.

En concreto, la suspensión de los cobros se mantendrá hasta el 20 de diciembre.

Las dos tasas aprobadas este 17 de febrero por el Gobierno ya fueron puestas en marcha durante la pasada legislatura, pero su tramitación decayó por culpa de la repetición de elecciones.

Durante su comparecencia ante la prensa, la ministra Montero insistió la urgencia de estos nuevos impuestos para abordar "realidades que han sido opacas o poco transparentes a la fiscalidad analógica".

Google, Apple, Facebook y Amazon se valen en Europa de una estructura que les permite desviar el pago de sus impuestos a países con una tributación suave como Irlanda o Luxemburgo, lo que deja un aporte que no se corresponde con su actividad real en buena parte de los países donde operan.

Este es el caso de España, donde según cálculos del diario español El Economista estas empresas milmillonarias pagaron sólo 24,5 millones de euros (26,5 millones de dólares) en el ejercicio 2017.

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El proyecto de ley aprobado por Madrid contempla un impuesto del 3% sobre los beneficios de las empresas digitales que facturen más de 750 millones de euros (810 millones de dólares) a nivel mundial y que ingresen al menos 3 millones de euros (3,2 millones de dólares) en España.

En concreto, el gravamen se aplica a tres conceptos: la prestación de servicios de publicidad online, los servicios de intermediación en línea y venta de datos generada a través de información proporcionada por el usuario.

Este gravamen, además de afectar a las GAFA, se ocupará de desequilibrios como el del gigante de producción audiovisual Netflix, que deslocaliza sus beneficios a Holanda, lo que le permitió terminar el ejercicio de 2018 pagando en España únicamente 3.146 euros (3.398 dólares) de impuestos.

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