Así se desprende del borrador de un documento del Ministerio de Interior al que tuvo acceso El País, que "limita el acceso a la protección en los centros de internamiento y amplía los motivos de denegación de las solicitudes" de asilo.
Se trata de un asunto que podría ocasionar discrepancias dentro del Gobierno de coalición que actualmente gobierna España, formado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP).
Solo en 2019, España registró 118.000 solicitudes de asilo, por detrás de Francia y Alemania, siendo uno de los países que más recibe de la Unión Europea, además de uno de los más lentos en resolver los expedientes.
Sin embargo, en cuanto al reconocimiento de los solicitantes, solo un 5% del total recibieron protección en el país el año pasado, lejos de la media europea del 30%.
Con esta propuesta de endurecimiento de las condiciones de asilo, el Gobierno español pretende adaptarse a la política migratoria en la UE tras la crisis de los refugiados en 2015.
El objetivo de esta ley sería endurecer el sistema para determinar qué migrantes tienen la posibilidad de pedir el asilo a España, así como los plazos para las solicitudes, y ampliar los motivos para la denegación de peticiones.
Esto se extendería a personas que tengan residencia habitual en un país tercero que sea considerado seguro por parte del Gobierno español.
Otro de los cambios planteados por Interior y que revela El País es la supresión de la comisión interministerial que tiene por objetivo deliberar sobre las demandas de asilo, algo que "ralentiza enormemente" la resolución de los casos.
Sin embargo, algunas de las nuevas medidas tendrán el objetivo de dar mayor seguridad jurídica a los solicitantes y reconocerles "como tales en el momento en el que manifiestan su intención de pedir protección, lo que obliga a registrarlos oficialmente".
