"El espionaje no es automáticamente un delito político bajo la legislación inglesa", argumentó el letrado James Lewis en el juicio sobre el futuro del fundador de WikiLeaks.
La justicia estadounidense reclama la entrega de Assange para ser juzgado por diecisiete cargos de espionaje relacionados con la divulgación de informes secretos, militares y diplomáticos, entre 2010 y 2011.
El periodista australiano también está imputado por un supuesto delito de "conspiración para cometer intrusión informática" en colaboración con la exanalista de la Inteligencia militar, Chelsea Manning.
Lewis rechazó también el argumento de la defensa de que el Tratado de Extradición, que Londres y Washington firmaron en 2003 y entró en vigor cuatro años después, tiene prioridad sobre la legislación británica en la materia.
El Tratado excluye la entrega de un individuo por delitos políticos o por una motivación política de la solicitud de extradición, pero estas referencias no se recogen en la legislación vigente en Reino Unido.
Los abogados de Assange se apoyan en esta "protección política" del tratado, que han convertido en uno de sus argumentos principales para evitar la extradición por abuso de proceso.
Lewis rebatió esa interpretación y argumentó que el tratado "no ha sido incorporado" a la legislación británica y no ofrece, por tanto, ninguna salvaguarda contra la acción de la justicia estadounidense.
"Assange no tiene ningún derecho bajo el tratado de extradición", zanjó el abogado fiscal.
El representante legal de EEUU hizo un paralelismo político para explicar el dilema planteado en este caso sin precedentes de extradición.
El juicio proseguirá hasta el 28 de febrero en el juzgado de Woolwich, en el sueste de Londres, para reanudarse en mayo por unas tres semanas adicionales.
Es posible que Assange pueda seguir las sesiones de los próximos días sentado junto a sus abogados en la sala número 2 de este tribunal, que se ubica en el mismo recinto de la cárcel donde está recluido desde abril de 2019.
Eso dio a entender la magistrada que preside el caso, Vanessa Baraitser, cuando animó este 26 de febrero a la defensa a emitir una petición formal para que el recluso no esté confinado en la "pecera" acristalada durante las vistas públicas.
