La Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción este 27 de febrero a un ambicioso proyecto de ley que busca modificar en algunos puntos muy sensibles los sistemas jubilatorios del Poder Judicial y el Servicio Exterior.
El Frente de Todos, partido del presidente Alberto Fernández, dejó afuera del texto una cláusula que reclamaba un grupo de 250 magistrados que superan la edad jubilatoria que amenazaron con renunciar en masa para evitar ser afectados por las reformas, lo que provocaría una parálisis del sistema judicial hasta ocupar esas vacantes. La oposición manifestó temer que el oficialismo cope esos lugares con jueces y fiscales afines.
Cambios a jueces y fiscales
- La edad mínima jubilatoria de los hombres subirá de forma escalonada (año tras año) de 60 a 65 años. Las mujeres seguirán pudiendo hacerlo a los 60. Con esto se equipara al régimen general. Los jueces pueden ejercer hasta una edad máxima de 75 años.
- Para acceder al régimen especial los empleados judiciales deben contar con 30 años de servicios y aportes pero se añaden nuevos requisitos: 20 años mínimo en el Poder Judicial o Ministerio Público y 10 años de corrido o 15 descontinuados en los cargos específicos que incluye el sistema "de privilegio".
- El porcentaje del cálculo de la jubilación seguirá siendo de 82 % móvil (ajustado según la inflación) pero se tomará ahora sobre el promedio de los sueldos de los últimos diez años de actividad en lugar de sobre el último sueldo.
- Los aportes del personal activo —cargas de los sueldos absorbidas por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses)— aumentan de 12 % a 15 %.
Cambios para diplomáticos
- El porcentaje del cálculo de la jubilación bajará de 85 % a 82 % móvil (ajustado según la inflación) y se tomará ahora sobre el promedio de los sueldos de los últimos diez años de actividad en lugar de por el sueldo correspondiente al cargo de mayor jerarquía desempeñada durante un período mínimo de cuatro años.
- Los aportes del personal activo aumentan de 11 % a 15 %.
- Los funcionarios de carrera del Servicio Exterior de la Nación que sean designados en alguno de los cargos previstos a partir de la entrada en vigencia de la ley estarán obligatoriamente comprendidos en el régimen previsional general, quedando derogado el régimen previsional especial para este rubro.
¿Fin de los privilegios o recorte de derechos?
Se trata de regímenes especiales que agrupan a 3,1 % del total de beneficiarios de Anses pero que ocupan 9,7 % del total del gasto previsional.
No son los únicos sistemas especiales —los docentes y las fuerzas de seguridad, entre otros, también lo son— pero sí son los únicos entre estas minorías en contar con otros beneficios, como la exención del pago del impuesto a las ganancias, a pesar de recibir los sueldos más altos del Estado, aunque sus aportes son levemente mayores.
Las reformas a las jubilaciones son parte de un conjunto de medidas que buscan homologar los desbalances entre el régimen general y los especiales y pretenden corregir una tendencia que demuestra la insostenibilidad del sistema previsional, cuya balanza entre lo que ingresa a través de aportes y lo que egresa a través de los haberes es cada año más deficitaria.
El grito en el cielo
Desde el comienzo de la jornada, previo a que el oficialismo consiguiera quórum para debatir el proyecto en la cámara baja, las entidades gremiales de empleados del Poder Judicial organizaron un paro laboral y manifestación en las afueras del Palacio de Tribunales del microcentro porteño.
"Los regímenes especiales son derechos adquiridos, no privilegios. El Gobierno no se abrió al diálogo con nosotros, que estábamos dispuestos, y nos encontramos con un proyecto de ley que, lejos de responder a la necesidad de darle sustentabilidad al sistema, termina siendo más elitista porque saca categorías que hoy están beneficiadas, y lo hace menos sustentable porque son menos los que van a aportar", dijo a Sputnik Julio Piumato, histórico dirigente de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
Las entidades calificaron el proyecto de inconstitucional por entender que afecta la intangibilidad de los sueldos, un derecho que establece la Constitución para garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar que los otros poderes puedan, por medio de maniobras salariales, afectar esa garantía. La aprobación de la ley daría pie a recursos de amparo y el inicio de un derrotero judicial.
