Acusan a exjueza de Ecuador de recibir recursos de contratistas del Estado

"El procesado (Mera) dijo que conocía sobre la entrega de importantes sumas de dinero a Pamela M (Martínez)", señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

​Las declaraciones de Mera se dieron durante el día 11 del juicio del caso Sobornos "2012-2016", en el que están imputados Correa, altos funcionarios de su gobierno y empresarios que tuvieron en ese período contratos con el Estado.

Mera, que guarda prisión domiciliaria por el caso, dijo durante su comparecencia que Martínez hasta el 2017 seguía recibiendo dinero de los contratistas del Estado, entre ellos la empresa Equitesa, que le habría pagado 20.000 dólares mensuales hasta ese año; Odebrecht, que le habría pagado 400.000 dólares y otra compañía constructora que habría pagado 250.000 dólares.

Mera negó tener vinculación con los supuestos sobornos y las empresas que están siendo juzgadas en el caso.

Entre 2012 y 2015, Martínez fue asesora de la Presidencia de la República y, desde el 2015, jueza de la Corte Constitucional.

Según las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, Martínez era persona de confianza de Correa y habría sido quien ejecutaba las órdenes del exmandatario y de su entonces vicepresidente, Jorge Glas, quien actualmente cumple prisión por un caso vinculado a la trama de corrupción de la empresa Odebrecht.

Dentro del caso, la Fiscalía y la Procuraduría de Ecuador acusan a Correa y a su exvicepresidente, Jorge Glas (actualmente en prisión por corrupción ligada a la compañía Odebrecht), de liderar desde el Ejecutivo, un sistema de corrupción institucionalizado y una red conformada por altos exfuncionarios de su gobierno y varios empresarios que entregaron dinero al partido oficialista Alianza País a cambio de contratos de obras públicas.

Los presuntos aportes ilegales sumarían 7,8 millones de dólares.

La Fiscalía afirma que Martínez habría recibido dinero de los empresarios, entregado ese dinero a los miembros de la estructura delictiva, coordinado el cruce de facturas, dirigido, dispuesto y llevado el registro de ofrecimientos, egresos, ingresos y seguimiento de las entregas de dinero.

Adicionalmente, habría mantenido reuniones con empresarios para efectuar el seguimiento de pagos y atender el pedido o seguimiento de contratos.

Durante la audiencia, la defensa del expresidente Correa quiso introducir dos nuevas pruebas en el proceso: un informe del Consejo Nacional Electoral sobre el caso y una pericia externa de un disco duro donde estaría según el abogado Fausto Jarrín, el archivo original de evidencias presentadas en el caso.

La pretensión fue rechazada por el Tribunal.

"He planteado ante los jueces que eso determinaría dos cosas muy graves: primero, que fue obtenida antes de la investigación y no es parte de esta investigación, por lo tanto la Fiscalía nos ha mentido", comenzó diciendo Jarrín.

Luego, continuó: "y lo segundo, es que fue generado por un aparato de inteligencia, es generado con instrumentos que no tenemos los ciudadanos comunes en nuestras computadoras, es generado a través del ingreso de cierta información en programas especiales que tienen altísimos costos que se entregan o se venden a organismos de inteligencias relacionados a Gobiernos o Estados".

Las declaraciones de Jarrín fueron rechazadas por la Fiscal Diana Salazar, quien dijo que el abogado pretende dilatar la audiencia e introducir como prueba nueva un objeto informático "obtenido de manera ilícita e ilegal cuya fuente y tratamiento de cadena de custodia son desconocidos".

En el caso son juzgados por cohecho 21 personas, incluido Correa, varios de sus altos funcionarios y empresarios privados.

Correa y sus exfuncionarios niegan las acusaciones y dicen que son perseguidos políticos.