"Hoy hemos presentado la imputación formal de juicio penal contra Felipa Huanca por delitos de incumplimiento de contrato y malversación en el Fondo Indígena, solicitando al juez su detención preventiva", dijo a reporteros el fiscal Marco Rodríguez.
La formalización de cargos contra Huanca ocurrió al día siguiente de que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunciara la "persecución" contra decenas de allegados al expresidente por parte del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez que asumió el poder en noviembre tras la caída de Morales.
Huanca se suma así a decenas de exautoridades y seguidores de Morales que están detenidos, exiliados o refugiados en embajadas, contra quienes la administración de Áñez ha presentado diversas acusaciones de sedición, terrorismo y corrupción.
El fiscal Rodríguez dijo que Huanca estaba acusada de haber destinado a la construcción de una sede de la Confederación de Mujeres Campesinas el equivalente a casi 15.000 dólares de un financiamiento total de 21.000 dólares del Fondo Indígena destinado supuestamente a un proyecto de desarrollo.
"Yo no he robado, no he hecho nada, y ahora ¿qué es lo que dirán?, voy a defenderme, Dios es grande. Ésta es una persecución política", dijo la campesina a reporteros el día de su detención.
La detención de Huanca fue solicitada por el actual director del Fondo Indígena, el campesino Rafael Quispe, un enconado rival de Morales que denunció un supuesto plan de fuga.
La bancada de mujeres del MAS en la Cámara de Diputados denunció la detención de Huanca como "un caso más de acoso político", parte de "una cacería contra los militantes" de ese partido.
La Defensoría del Pueblo denunció supuestas irregularidades en la detención de la exdirigente campesina, incluida la emisión acelerada de una orden de aprehensión el 26 de febrero, sin previas citaciones formales a prestar declaración.
El 27 de febrero, en Ginebra, Bachelet expresó "preocupación por la imputación de decenas de antiguos altos cargos gubernamentales y personas relacionadas" con el Gobierno de Morales, según reportaron medios locales.
Dos exministros están detenidos y otros cinco permanecen refugiados desde noviembre en la embajada de México en La Paz, en espera de salvoconductos para salir al exilio y todos acusados por los mismos delitos que Morales, además de corrupción.
El candidato presidencial del MAS para las elecciones de mayo, Luis Arce, enfrenta también cargos de negligencia en el caso del Fondo Indígena.