"El Consejo de Ministros ha expropiado de hecho el cadáver de Francisco Franco", señala el escrito presentado por los abogados de la familia del dictador, que gobernó entre 1939 y 1975 tras participar en un golpe de Estado que dio pie a una Guerra Civil.
El pasado 24 de octubre los restos mortales de Franco fueron retirados del complejo monumental del Valle de los Caídos (en el norte de Madrid) para ser trasladados a un cementerio de titularidad pública, lo que puso fin a un periodo de 44 años en los que el dictador estuvo enterrado con honores en un mausoleo donde también reposaban miles de sus víctimas.
Durante todo el proceso, los descendientes de Franco, en connivencia con algunos jueces afines al dictador, pusieron trabas al procedimiento, consiguiendo retrasar por meses la exhumación. Sin embargo, finalmente el Tribunal Supremo de España determinó que la retirada de los restos era conforme a derecho.
Ahora, la familia lleva su batalla legal hasta Estrasburgo con una demanda en la que se sostiene que las decisiones del Gobierno y el Tribunal Supremo vulneraron el derecho a la vida privada y familiar, la prohibición de discriminación y el derecho a un proceso equitativo protegidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Los restos de Franco fueron trasladados a un panteón en un cementerio público donde ya reposaban los restos de su esposa, Carmen Polo, pero la familia quería enterrarle en la Catedral de la Almudena de Madrid, algo que el Gobierno rechazó argumentando que ello convertiría el templo en un lugar de enaltecimiento a su figura, lo que vulneraría la Ley de Memoria Histórica.
En su denuncia, los familiares también alegan haber sufrido "discriminación" porque por el momento solo fue retirado el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos pese a que en el complejo hay 192 personas que no fallecieron por la Guerra Civil.
