"El juez Luis Rodríguez ordenó investigar llamados entrantes y salientes de Aranguren y Alonso", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
El magistrado tomó la iniciativa por orden de un tribunal de segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que revocó los procesamientos que el juez había dictado contra ambos exfuncionarios pero que dispuso reorientar la causa con nuevas medidas.
Rodríguez requirió a empresas de telefonía que informen de las líneas que tuvieron asignadas a Aranguren y Alonso entre el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió en el poder el Gobierno del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), y el 31 de diciembre de 2017.
La misma medida se dispuso en relación a quien fuera secretario de Recursos Hídricos durante la anterior gestión, Pablo Popik, al exsecretario de Refinación y Comercialización, Luis Barile, al entonces director de Gas Licuado de Petróleo, y al exsecretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga.
El juez decidió indagar las comunicaciones de Aranguren con gente de su confianza cuando al exministro se lo acusaba de beneficiar a Shell, de la cual era accionista, con el aumento de tarifas y la compra de gas a Chile, entre otras irregularidades.
El magistrado había procesado en diciembre pasado al exministro por negociaciones incompatibles con la función pública al considerar que había favorecido a Shell.
Sobre la compra de gas a Chile, el exministro adujo que logró "reemplazar un gas que no existía, que es el que venía de Bolivia porque no había más, y así lo declararon en el expediente el ministro de Energía de Bolivia y gerente de [la empresa estatal] YPF".
Al no haber más capacidad de las plantas de regasificación, "era siempre más conveniente importar gas previamente regasificado en Chile que consumir gasoil, y eso le significó al Estado nacional un ahorro de 54 millones de dólares", presumió.
Sus explicaciones no convencieron al juez Rodríguez puesto que avanzó con el procesamiento de Aranguren, quien trabajó para Shell a partir de 1979 y que fue designado presidente de la filial argentina de la compañía entre 2003 y junio de 2015, seis meses antes de asumir como ministro de Energía del Gobierno de Mauricio Macri.
La entonces titular de la OA no investigó si había o no un conflicto de interés a pesar de que había sido advertida por los denunciantes que dieron origen al caso, los diputados opositores Rodolfo Tailhade y Martín Doñate.
En la denuncia presentada en 2016, los legisladores señalaron al entonces ministro de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".
También acusaron a Aranguren de pagar tarifas mucho más caras de las que Argentina había acordado con Bolivia por la compra de gas, lo que puso "en situación de privilegio a la empresa Shell.
"Es necesario dilucidar si los pedidos de adquisición de cargamentos se compadecían con la necesidad estructural de abastecimiento de energía del país, si las contrataciones se produjeron siguiendo las regulaciones aplicables y las recomendaciones efectuadas por YPF (…), si participaron todos los actores pertinentes y dentro de un procedimiento de selección previa, competitiva y abierto", argumentó la Cámara en su fallo.
De acuerdo al patrimonio que dio a conocer, Aranguren poseía "más de 13 millones de pesos [902.777 dólares por entonces] en acciones clase A de la empresa Royal Dutch Shell", según especificó la denuncia de los diputados.
Esas acciones fueron parte de las bonificaciones que el exfuncionario recibió de Shell Compañía Argentina de Petróleos.
