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¿Cubre el sistema de seguridad social mexicano de manera efectiva a sus trabajadores?

© REUTERS / Edgard GarridoSituación en México por la pandemia de COVID-19
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Ante la pandemia, el sistema de seguridad social mexicano ha mostrado las grietas que le dejó el proceso privatizador de fines de los 90 y que tiene en jaque a los trabajadores formales, particularmente a los del sector de salud, que reciben solo el 40% de su salario si resultan infectados por estar al frente de las tareas de contención del virus.

La secretaria de Trabajo Federal, Luisa María Alcalde, anunció que 346.878 personas han perdido su trabajo entre el 13 de marzo y el 6 de abril, con la excusa del impacto económico que produjo en México la llegada del nuevo сoronavirus: 198.000 personas fueron despedidas en la segunda quincena de marzo, cuando el país apenas estaba en la Fase 1 de la pandemia y otras 148.845 personas fueron despedidas en los primeros seis días de abril.

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Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas son los estados que concentraron el 56% de los despidos, los mismos que han tenido los mayores brotes de casos de COVID-19 hasta la fecha. Alcalde precisó que la mayoría de los despidos se concentran en empresas con más de 50 empleados, por lo que reconoció el esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas que han buscado mantener a sus trabajadores a pesar de la recesión económica local y mundial.

"Mientras todos hablan de la emergencia sanitaria y la económica, la emergencia del sistema de seguridad social está siendo dejada de lado", explicó a Sputnik la abogada y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sandra Fernández.

Sin trabajo y sin seguro

En la misma jornada que la secretaria de Trabajo Federal anunció los despidos masivos de trabajadores en empresas de mediano y gran tamaño, el director del Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, realizó un controvertido ruego a los patrones para no dejar a sus trabajadores en el limbo y sin atención sanitaria.

"Hoy queremos hacer notar a los patrones que el pago de las cuotas significa la posibilidad que sus trabajadores tengan seguridad social y, en ese sentido, tengan acceso a servicios médicos. Queremos hacer ese llamado, sobre todo a las empresas más grandes (…) que están con todo el tiempo haciendo sus cuentas y sus cálculos a partir de las cuotas, hoy pueden poner en riesgo la vida de sus trabajadores", dijo Robledo durante la conferencia de prensa mañanera que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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En México, los patrones de empresas privadas tienen la obligación de asegurar a sus trabajadores en el IMSS pagando las cuotas obrero-patronales, que son tripartitas e incluye además del pago del patrón, un aporte estatal que es pequeño y una retención del salario del trabajador, explicó Fernández, quien se ha especializado en el análisis de este sistema. El aporte se compone de cinco seguros, uno de los cuales —el de retiro cesante y vejez— ya fue privatizado como mencionamos más arriba.

"De los otros 4, el seguro de riesgo de trabajo es el más importante en este momento", señaló la fuente. Pero ¿qué pasa si como señaló el director Robledo, los patrones no pagan sus cuotas? El trabajador pierde acceso a sus derechos.

"Es una práctica común últimamente que los patrones ofrezcan a los trabajadores no pagar el seguro y darles ese dinero por fuera, con los jóvenes principalmente, que creen que no van a necesitar asistencia médica por su edad", explicó la abogada.

Sin embargo, frente a la pandemia, Fernández señaló que el Gobierno no ha hecho ningún movimiento para cubrir a los trabajadores ante la pérdida de derechos por la crisis o motivado por estas prácticas de pago "en negro".

Explicó que en el año 2009, cuando México fue el epicentro de la pandemia de gripe A(H1N1) el Gobierno mexicano suspendió el pago de las cuotas obrero-patronales, garantizando la atención a todo el sector laboral formal, independientemente del comportamiento de los sectores patronales. Pero en este caso, el Gobierno no ha anunciado una medida por el estilo.

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Mientras las empresas siguen pagando todos los impuestos porque todavía no se les ha brindado exoneración por parte del Gobierno —como sí se pide a los trabajadores que acepten reducciones de hasta 50% de su salario para contribuir con la situación de emergencia y poner su parte para "conservar el empleo"— ahora se pone a los trabajadores frente al riesgo de "perder sus derechos de asistencia".

"El Gobierno podría haber suspendido el cobro de las cuotas obrero-patronales para colaborar con la supervivencia de esas pequeñas y medianas empresas que hoy están sosteniendo lo peor de la crisis y que con esfuerzo, siguen pagando los salarios de sus trabajadores", señaló Fernández.

Mediante un acuerdo emitido en 2009 por el Consejo Técnico del IMSS, las autoridades de entonces extendieron el plazo de conservación de derechos ante un despido —o bien ante la falta de pago de los patrones de las cuotas, como mencionó Robledo— de 8 a 26 semanas sin perder la posibilidad de atención sanitaria de los trabajadores mexicanos formales.

"Es falso lo que menciona Robledo de que la cuota sea lo que equivale al derecho porque la materia de Seguridad Social está a cargo del Estado y es su responsabilidad que los trabajadores no queden desamparados", señaló Fernández, quien indicó que ante la COVID-19 México no ha tomado ninguna medida similar a la de 2009, que reconozca que es obligación del Estado mantener a los trabajadores protegidos ante el acuciante contexto de crisis.

Esta semana, una de los 89 médicos del IMSS que se encuentran incapacitados por haber dado positivos a la prueba del coronavirus denunció que el IMSS no está reconociendo al COVID-19 como un riesgo laboral a los trabajadores de la salud que han sido infectados, sino como si hubiesen contraído cualquier otra enfermedad que no tuviese relación con su función pública para contener la pandemia.

Esto tiene una diferencia radical en el dinero que se les retribuye: mientras los riesgos laborales exigen que el seguro cubra el 100% del salario de los trabajadores incapacitados, la incapacidad por enfermedad solo les retribuye con el 40% de lo que deberían cobrar originalmente.

Impactos silenciados de un sistema privatizado

La parte del sistema de seguridad social que administra las pensiones y jubilaciones de los trabajadores formales mexicanos —hay 31 millones de personas, la mitad de la población económicamente activa que trabaja informalmente y no va a jubilarse jamás— perdió su pata estatal con el avance del sistema neoliberal, a finales de la década de 1990.

La ley que reformó el Instituto de Seguridad Social que cubre a los trabajadores privados es del año 1997 y la que reformó el Instituto de Seguridad Social de los trabajadores del Estado (ISSTE) es de 2007.

"Estas leyes de reforma permiten la entrada de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) que pasan a recibir las cuotas obrero-patronales para el retiro de los trabajadores mexicanos que antes administraba el Estado", explicó Fernández. Esta fue la primera pérdida masiva de capital que tuvieron los Institutos que hoy se ven en el centro de la crisis ante el avance de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Las consecuencias de estos despidos masivos de trabajadores formales, así como la reducción de hasta medio salario durante tres meses proyectan profundas repercusiones en la estabilidad de los trabajadores mexicanos, sobre todo aquellos que son también la población de riesgo frente al COVID-19: los que están entre los 60 y 65 años y esperaban jubilarse en este año.

"Antes de 1997, un trabajador tenía que cotizar 500 semanas para poder pensionarse, hoy tiene que cotizar 1250 semanas de trabajo para las Afore, pero el cálculo de la jubilación se hace calculando la ganancia de los últimos cinco años. Es decir, a todos esos trabajadores que llevaban cuatro años cotizando y fueron despedidos o se les redujo su salario, su pensión también se irá al suelo", concluyó la experta.

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