Ya hemos visto en los medios internacionales varias teorías de la aparición del COVID-19 que no coinciden con la versión oficial de las autoridades chinas de que la culpa la tiene un murciélago vendido en el mercado de la ciudad de Wuhan.
Esta semana las autoridades estadounidenses ofrecieron una nueva hipótesis de que el coronavirus que ha originado una pandemia que registra más de 150.000 muertos en el mundo pudiera provenir no de un mercado, sino de un laboratorio secreto en la misma ciudad china de Wuhan.
Según un reciente artículo del Washington Post, la embajada de EEUU en Pekín alertó al Departamento de Estado hace dos años sobre medidas de seguridad insuficientes en el laboratorio de Wuhan que estudiaba el coronavirus en los murciélagos.
Pues ahora "múltiples fuentes" citados por medios estadounidenses piensan que el actual coronavirus, detectado por primera vez justamente en Wuhan, salió de ese laboratorio. Eso sí, se trataría de un virus natural y no un agente patógeno creado por los científicos chinos. Sin embargo, su “fuga” habría sido posible debido a malos protocolos de seguridad.
La verdad es que semejante versión viene como un balón de oxígeno para el presidente estadounidense, Donald Trump, acorralado por las críticas de sus adversarios políticos por su "incorrecta" gestión de la crisis del coronavirus en EEUU. Ya que le permite fundamentar su acusación contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que había encubierto a China en la pandemia del COVID-19.
"Trump acusa a la OMS de encubrir a China en la pandemia del Covid-19", titula a uno de sus reportajes La voz de América.
Lo cierto es también que las autoridades estadounidenses no tienen tiempo para esperar los resultados de esas investigaciones que aclaren el papel de China y de la OMS en la propagación del coronavirus por el mundo. Menos aún, porque no saben de antemano cuál sería el resultado de esas investigaciones. Con lo cual deben actuar rápido.
"EEUU: senador acusa a China de la emergencia sanitaria por la COVID-19", titula a una de sus crónicas Telesur.
Pues que el senador demócrata Lindsey Graham acuse a China de ser responsable de la crisis sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19 parece totalmente comprensible. Me imagino que pronto veremos si el Congreso realmente está dispuesto a asignar a China formalmente la responsabilidad de la pandemia, con el fin de imponer un "castigo" severo al gigante asiático.
La pregunta clave es cómo reacciona la Organización Mundial de la Salud y las autoridades chinas a las acusaciones que les llegan de Washington. La respuesta de la OMS ha sido muy sencilla: contestaron a Trump que su principal preocupación es salvar vidas y no encubrir a China. Mientras tanto, las reacciones que llegan desde China no parecen tan claras.
Más aún, hay otra alarmante señal que no puede no causar preguntas. Y es que, según los medios internacionales, China impuso restricciones a la publicación de investigaciones académicas sobre los orígenes del nuevo coronavirus. China controla publicaciones sobre COVID-19, titula a una de sus crónicas la edición en español de la CNN.
La pregunta es ¿para qué China ha impuesto estas restricciones? ¿Por qué precisamente hay que someter investigaciones académicas sobre los orígenes del nuevo coronavirus a control previo antes de ser publicadas? ¿Tiene China algo que ocultar?
Pues si realmente los chinos pretenden convencer a todo el mundo de que no existe ningún secreto y que han actuado correctamente desde el principio, la mejor manera para conseguirlo sería la transparencia. Entiendo que a lo mejor las autoridades chinas no están acostumbradas, pero no hay otra solución.
Más aun, porque una mayoría absoluta de los especialistas dice lo mismo: el coronavirus tiene origen natural. "Dr. Huerta responde: ¿se podrá confirmar si COVID-19 fue creado en un laboratorio?", titula a uno de sus programas la edición en español de la CNN.
Sin embargo, parece que la tendencia a hacer cada vez más censura previa a la información relacionada con el coronavirus tiene cada vez más partidarios no solo en China, sino también en Europa.
Una pregunta del estudio del Centro español de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado esta semana planteaba que en las noticias sobre la pandemia del coronavirus se restrinja la libertad de información para utilizar sólo "fuentes oficiales", es decir, lo que comunique el Gobierno. Según los resultados que ofrecía el barómetro, el 66,7% de los ciudadanos es partidario de hacerlo.
Semejante iniciativa ha causado fuertes críticas de algunos expertos en derecho a la información que consideran que la polémica pregunta es un peligroso "globo sonda" y una "idea perniciosa".
Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional, respecto a esa posible papel intervencionista del Gobierno opinó que "sería como volver al NO-DO", en referencia a los informativos oficiales del régimen franquista.
Mientras para los expertos consultados este "globo sonda" parece un atentado contra la libertad de expresión e información, los motivos que están detrás de la idea de restringir la libertad de información en tiempos del coronavirus parecen ser puramente políticos.
Al parecer, la principal preocupación de las autoridades no es la de defender a los ciudadanos de la corriente de bulos y noticias falsas, sino defenderse de ataques por parte de adversarios políticos.
"Pablo Iglesias respalda el CIS y defiende que la 'ultraderecha mediática no forme parte de la sociedad'", titula a otra de sus crónicas el diario nacional español El Mundo.
La idea de evitar extremos parece perfecta. Pero la pregunta clave aquí es quién va a decidir si una información es correcta o políticamente correcta. Un buen ejemplo en este sentido es Facebook que tiene 23 millones de usuarios en España. Para combatir la "infodemia", la red social fichó el año pasado a Newtral, proyecto liderado por Ana Pastor, y Maldita.es, una web independiente de verificación de datos. La agencia AFP también trabaja como verificador para Facebook. La misión de estas tres empresas consiste en "evaluar la exactitud del contenido en Facebook publicado en español".
El casi 70% de los españoles que se entiende que contestó que son partidarios de restringir la libertad de información en tiempos del coronavirus tendría que tener en cuenta esta dificultad. Si no lo tienen en consideración, la censura previa no hará más que manipular la opinión pública en intereses de determinadas fuerzas políticas y confundir aún más a la audiencia.
