"Las comunidades afectadas por la violencia y la marginación son quienes sufren más por los efectos de la pandemia a largo plazo, por lo que se necesitan acciones coordinadas para protegerlos", indicó Jordi Raich, jefe regional del CICR, organismo que interviene en situaciones de crisis con sede en Ginebra, Suiza.
El informe presenta las principales preocupaciones humanitarias para la región: "la violencia, la migración, el desplazamiento interno, la desaparición de personas, así como la situación de personas privadas de libertad".
Esas situaciones "pueden agravarse en medio de la crisis mundial desatada por la pandemia del COVID-19", alerta el organismo internacional.
En la emergencia global "la labor humanitaria neutral e independiente capaz de contribuir a mitigar el sufrimiento, en especial de los más vulnerables, se hace hoy más indispensable que nunca", señala la presentación del alto funcionario del CICR.
El Informe de actividades 2020 resume la labor que Comité impulsa en la región junto con las "Sociedades Nacionales de la Cruz Roja", autoridades nacionales y organizaciones de la sociedad civil.
El miedo y la inseguridad
Los principales beneficiarios de la acción humanitaria del CICR en México y América Central son personas migrantes, privadas de libertad, los familiares de las personas desaparecidas, así como personas en comunidades particularmente afectadas por la violencia.
El organismo resalta también las necesidades de personas que buscan "vivir en entornos más seguros y dignos, sacar adelante a sus familias y, en muchos casos, encontrar a sus seres queridos desaparecidos".
En el caso de los migrantes, el CICR busca "mitigar las consecuencias humanitarias de la violencia que deben enfrentar en su tránsito", la inmensa mayoría atraviesa riesgos recorriendo territorio mexicano hacia EEUU.
En un gran número de casos, los migrantes pierden el contacto con sus familias, son víctimas de actos violentos y accidentes, desaparecen o mueren.
En este país, Martin de Boer, jefe adjunto de la delegación regional, destacó que "el incremento de los homicidios registrados el año pasado en México, conlleva a una intensificación de las consecuencias humanitarias asociadas, como la desaparición, desplazamiento interno, restricciones al movimiento, extorsión, dificultad de acceso a servicios de educación y salud".
El CICR trata de mitigar los efectos humanitarios que causa la violencia armada en la población.
"Los grupos armados continúan exhibiendo su capacidad y su predisposición a usar la violencia para lograr sus objetivos, generando miedo en las comunidades donde están presentes, con consecuencias visibles e invisibles, también en la salud mental de los pobladores", dijo De Boer en el informe.
También atienden a las personas que sufren "impactos humanitarios que pueden acarrear los cambios recientes en las políticas migratorias de los países", como México y EEUU.
En 2019 el organismo ofreció 149.000 llamadas gratuitas en México, Guatemala y Honduras.
En la región siguen desaparecidos miles de personas a raíz de conflictos armados pasados y se registran nuevas desapariciones por la violencia o procesos migratorios.
Entre los beneficiarios también se encuentran personas privadas de libertad.
El CICR benefició el año pasado, de manera directa, a más 207.600 personas, de ellas casi la mitad fueron atendidas en México: 90.450 beneficiarios.
El 2019 la misión realizó más de 74 visitas a lugares de detención en toda la región que beneficiaron a más de 7.772 personas privadas de la libertad.