Indígenas en riesgo fatal: ¿cómo explotó el coronavirus en la cuenca amazónica?

La extrema situación a la que nos ha llevado el COVID-19 ha de dejado en evidencia lo desolador y nefasto que puede llegar a resultar la falta de recursos y la incapacidad política de proteger la dignidad humana. Hemos visto fotografías de personas muertas envueltas en sábanas, en los colchones donde fallecieron, en cajas de madera artesanales o simplemente en nailones, y las menos, en ataúdes. 

​De las 20 ciudades de Brasil más afectadas por la pandemia, seis son amazónicas. En Manaos, la capital del estado de Amazonas (norte) de Brasil, han comenzado a cavar fosas comunes en sus cementerios debido al rápido aumento de muertos. En Iquitos, capital del departamento amazónico peruano de Loreto (norte), muchas personas han fallecido en la fila de emergencia y se han empezado a apilar cadáveres envueltos en bolsas negras de basura. En el municipio Leticia, capital del departamento colombiano de Amazonas (sur), ha muerto gente en la calle, esperando la ambulancia. 

¿Qué está pasando en la cuenca Amazónica? 

A comienzos de abril las comunidades que habitan la zona exigieron a sus respectivos gobiernos tomar medidas urgentes para evitar que la pandemia del COVID-19 llegue a sus comunidades. En ese entonces la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) pedía que se los reconociera como "poblaciones especialmente vulnerables a la pandemia" y se adoptaran medidas "culturalmente apropiadas y efectivas". Menos de un mes después, la situación es desesperante.

​Loreto

Aunque el Gobierno se ha dispuesto llevar auxilio social a 90.000 indígenas, el COVID-19 está pegando fuerte en sus comunidades. En Loreto, donde vive la mayor población indígena del país (unas 105.900 personas), la pandemia ha matado al menos a 50, contagiado a más de 3.000, y ha hecho colapsar los hospitales y los servicios sanitarios. Según las estadísticas oficiales, Loreto es la cuarta región del país con más infectados, pero el Colegio Médico del departamento señaló al medio local La República que hacen falta pruebas de diagnóstico y advierten que los números son bastante más bajos que los reales. 

El gobernador de Loreto, Elisban Ochoa Sosa, dijo a BBC Mundo que la mayor dificultad para combatir el COVID-19 es el diagnóstico de la población indígena, a la que en muchos casos solo pueden acceder a través de los ríos y para lo que no tienen recursos necesarios. "El Gobierno nacional la ayuda nos la da con gotero. Lo que recibimos son migajas", reclamó. 

Ante la situación y por "peligro de etnocidio", la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) denunció al Gobierno peruano ante las Naciones Unidas. Lo acusan de "desatención evidente y reiterada discriminación" en los planes y estrategias para enfrentar el coronavirus. "Es cuestión de tiempo para que se conozca una masacre sin precedentes en las comunidades donde el sistema inmunológico es por general menor", aseguran en un comunicado.

Los ejemplos sobran. El primer caso de contagio comunitario en población indígena registrado en Perú fue el de una pareja del pueblo shipibo-konibo, en la comunidad nativa de Puerto Bethel, que habita la región selvática de Ucayali, limítrofe con Brasil. Tres días después de haber notificado a las autoridades de la posible enfermedad, llegó una comisión con tres pruebas rápidas "pese a que el riesgo de contagio es enorme". Denuncian que "el Gobierno nacional y regional de Ucayali han reaccionado lenta y tardíamente y sin orientación alguna".

Además, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente de Perú, miembro de Aidesep, advirtió del peligro al que están expuestos los indígenas de la etnia ticuna después de que se hayan registrado los primeros casos de COVID-19 en la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú sin que haya control del tránsito de embarcaciones por el río Amazonas, informó el medio local RPP Noticias. En la denuncia Aidesep advierte que "el Ministerio de Defensa fue y es incapaz de hacer respetar la norma de cuarentena en diversos puntos de los ríos y carreteras amazónicas".

Además de la situación que se enfrenta en la selva, en la ciudad de Iquitos también se han constatado desastres. Allí ha habido casos de personas que han muerto en las colas de emergencia; los hospitales están desbordados y las morgues también. "En términos de la magnitud de los contagios puede ser similar a la de otras regiones, pero en un contexto de mayor precariedad el resultado resulta dramático", dijo a Sputnik Jorge Aragón, investigador y sociólogo por la Pontificia Universidad del Perú.

La morgue municipal, que tiene capacidad para cremar entre dos y cuatro cuerpos al día, ha recibido más de ocho cadáveres al día y para aliviar el servicio están trabajando en el cementerio local cavando una fosa común y en un terreno habilitado en la carretera Iquitos – Nauta para enterrar a personas fallecidas por la enfermedad.

Sin embargo, el presidente de la Comisión COVID-19 y representante de la región Loreto en el parlamento peruano Leonardo Inga dijo a La República que "hay que enterrar con dignidad a esas personas. Lo están haciendo sin ataúdes, solo con las bolsas especiales y consideramos que lo deben de hacer de una forma más digna por respeto a las familias".

A la emergencia sanitaria se suman las malas condiciones de la infraestructura de servicios básicos, entre ellas que no hay suministro constante de agua potable. 

El ministro de Salud peruano, Víctor Zamora, dijo en conferencia de prensa que el Gobierno nacional enviará a Loreto un contingente de 50 médicos y enfermeras para reforzar la atención; asimismo indicó que se están llevando ventiladores y que se instalará un hospital de campaña que contará con 100 camas.

Desde el 16 de marzo en Perú hay cuarentena obligatoria, al cierre de esta nota, Perú contaba casi 30.000 contagios y 700 fallecidos, lo que lo ubican como el tercer país en Latinoamérica con mayor número de casos, sólo detrás de Brasil y Ecuador. 

• Amazonia brasileña 

En Brasil hay alrededor de 67.000 personas infectadas con COVID-19 y más de 4.600 muertes. De las 20 ciudades de Brasil más afectadas por la pandemia, seis son amazónicas, según el portal de noticias brasileño G1. La ciudad de Manacapuru es la más afectada a nivel país con una tasa de incidencia de 263 cada 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad de 17,5. 

Pero en Manaos —que ocupa el cuarto lugar en cuanto a la mortalidad (tiene una tasa 11,2) y donde está la única unidad de terapia intensiva del estado—, el sistema sanitario se acerca al colapso, los profesionales de la salud no cuentan con los insumos básicos de protección ni diagnóstico, y los cementerios abren fosas comunes. El alcalde de la ciudad, Arthur Virgílio Neto, declaró a los medios que hasta la fecha la ciudad registra cerca de un centenar de entierros por día, mientras que antes de la pandemia el promedio era de 30.

El sociólogo y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Amazonas Marcelo Seráfico declaró a Sputnik que la dramática situación en Manaos refleja "los efectos trágicos del coronavirus en la población, y, particularmente, entre los más pobres". Considera que la propagación del COVID-19 está directamente vinculada con la precariedad en la que viven la mayoría de los vecinos de la localidad, a lo que se suma el aumento en el desempleo y el colapso en los servicios públicos.

A su vez, la Coordinación de Pueblos Indígenas de Manaos y Alrededores (COPIME), denunció la quiebra del sistema de salud y asistencia social para los indígenas habitantes de Manaos, donde hay aproximadamente 36.000. "Estamos denunciando la invisibilidad de las poblaciones indígenas en situación urbana, causada por la negligencia de los agentes públicos en la ciudad de Manaos (...) En estos últimos días de la pandemia nos enfrentamos al aumento del hambre y la pobreza extrema", advierten.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica denuncia que "frente al COVID-19, los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela están llevando la invisibilización de los pueblos indígenas a un nuevo extremo: no llegan ni alimentos ni insumos de prevención".