"Las medidas del Gobierno llegaron demasiado tarde, cuando la pandemia ya se había apoderado de los penales, tanto para los internos como para los trabajadores; actualmente, en el caso de los internos, estamos bordeando los 700 contagiados y 115 trabajadores del INPE [Instituto Nacional Penitenciario]", indicó el abogado Juan José Quispe del IDL.
Sin embargo, esta medida llegó casi un mes luego de la declaratoria de emergencia, el 16 de marzo, tiempo suficiente para la expansión del virus.
En Perú hay 68 cárceles en todo el territorio y las estadísticas del INPE señalan que existen 95.548 internos para una capacidad de albergue de 40.137; el nivel de hacinamiento es de 138%.
Para Quispe, la eventual liberación de los presos por omisión de asistencia familiar era "muy insuficiente" pues solo beneficiaría a 2.800 personas, quienes, además, debían pagar la reparación civil más el monto de la deuda alimentaria, incluyendo intereses actualizados, para acceder al beneficio.
El resultado de esta medida, afirma Quispe, es "pobre", pues a la fecha apenas 200 internos han logrado salir de las cárceles con tales exigencias monetarias, difíciles de cumplir en un momento de parálisis económica.
Para el experto, el Gobierno debería considerar medidas urgentes para paliar la crisis en los penales.
Una de ellas podría incluir la ampliación del beneficio de liberación para internos sentenciados por delitos de "lesividad social baja".
"También se podría considerar una salida para, por ejemplo, los accidentes de tránsito sin víctimas, violencia y resistencia a la autoridad, hurto de ganado en provincias, lesiones leves o culposas, etc.", afirmó.
A su entender, hay otros tipos de delitos que pudieron haber entrado en la política de descongestión penitenciaria, "pero el Gobierno se quedó solo con la omisión de asistencia familiar".
Para esto, indica Quispe, es necesario que el INPE, que posee la documentación necesaria para tomar una decisión para cada caso, pueda "actuar de oficio", informando al Poder Judicial sobre las liberaciones.
"Derechos a la salud y a la vida son fundamentales y deben protegerse (...) Para descongestionar los más rápido posible los penales es vital acortar los formalismos burocráticos; debemos entender que esta no es una situación normal, estamos en una situación absolutamente excepcional", añade el representante del IDL.
A la fecha, Perú registra 1.344 decesos por la enfermedad respiratoria COVID-19 (causada por el nuevo coronavirus) y 47.372 infectados.
