La propuesta caduca el 8 de mayo, pero aparece otra fecha límite, amenazante en el horizonte: el 22 de mayo el país entraría en cesación de pagos parcial de no llegar a un acuerdo con los acreedores.
El país sudamericano quiere reestructurar 66.238 millones de dólares de deuda emitida bajo legislación extranjera, de los cuales 41.548 millones fueron contraídos por el anterior Gobierno.
Además, el próximo 22 de mayo finaliza el plazo de 30 días que tiene Buenos Aires para el pago de casi 504 millones de dólares en intereses de tres bonos emitidos en abril de 2016.
La situación es crítica.
"Argentina está en default virtual desde hace tiempo, fruto de la irresponsable y voraz gestión de la deuda soberana que hizo [el entonces presidente] Mauricio Macri [2015-2019], que llevó la deuda pública argentina a niveles de insostenibilidad", dijo a Sputnik la diputada y economista Fernanda Vallejos.
Desde que el Gobierno de Alberto Fernández asumió en diciembre, "se ha trabajado para obtener un acuerdo sostenible en el marco de la negociación por la reestructuración, pero si los acreedores se manifiestan irracionales, con la expectativa de que Argentina se comprometa a un acuerdo que no podría cumplir, eso es algo que el país no va a hacer", afirma la legisladora.
"No se puede asumir un compromiso que supere la capacidad de pago de Argentina, algo que está muy claro en el análisis de sostenibilidad publicado por el Ministerio de Economía. No es lo que el país quiere", retoma Vallejos.
"Argentina quiere avanzar en la reestructuración y pagar, pero acorde a sus posibilidades reales. El peor escenario para el país sería un mal acuerdo que conduzca, más temprano que tarde, a una situación de crisis agravada", agrega.
Contrarreloj
La propuesta del Gobierno argentino fue rechazada al menos por tres grupos de bonistas.
El Ministerio de Economía dijo mostrarse "decepcionado" ante la postura de los tenedores de deuda, pero abrió la posibilidad de que presenten "una propuesta específica", siempre que tengan en cuenta las limitaciones del país.
"Caer en cesación de pagos no es un escenario deseado, pero la verdad es que estamos ante una crisis sin precedentes, y esa situación, muy probablemente, va a ser común a una gran cantidad de países que no podrán sostener los compromisos de deuda en las condiciones en que fueron pactados antes de la pandemia", dice la diputada.
Más allá de los límites impuestos por una cesación de pagos parcial, el mercado de crédito internacional está "cerrado" para Argentina desde principios de 2018, cuando el Gobierno "hizo estallar" la situación de la deuda, añadió Vallejos.
"El no acceso [a esos mercados] implicaría continuar en una situación en la que ya estamos desde hace dos años", continuó.
El presidente Fernández ha advertido que su prioridad es atender la crisis sanitaria y el deterioro económico que cause el coronavirus. Para amortiguar el impacto de la pandemia, el Ejecutivo se comprometió a invertir 5,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
"Habrá que hacer enormes esfuerzos de reconstrucción económica una vez superada la fase sanitaria de la crisis, para lo cual sería deseable alcanzar un acuerdo", aclara Vallejos.
"Pero si eso no ocurre, Argentina seguirá sosteniendo sus prioridades de salud, primero, y de recuperación económica, después", añadió la legisladora.
Naciones Unidas exhortó el 23 de abril a que se anule un billón de dólares de la deuda externa que arrastran los países empobrecidos y recomendó la creación de una autoridad global que coordine la suspensión de pagos durante la pandemia.
