La directora de Gestión de Riesgos en Ecuador renuncia tras denuncias por sobreprecios

"Hoy he presentado mi renuncia irrevocable como directora general, labor que me permitió seguir trabajando por el bienestar de las y los ecuatorianos de manera activa; agradezco al presidente Lenín Moreno por el apoyo durante mi gestión", afirmó Ocles en su cuenta de la red social Twitter.

​Las críticas al proceso de adquisición surgieron por el costo de cada kit, que sería de entre 140 y 150 dólares, cuando los mismos insumos que están dentro del kit en el mercado minorista no alcanzarían los 90, según denuncias de diversos sectores.

Ante las denuncias, Ocles aseguró que su trabajo se hizo "apegado a la norma".

"A lo largo de estos años tengo absolutamente claro que hay un bien en la vida que no tiene precio y es mi dignidad, la misma que me sostiene cada día que me levanto, la que me permite dormir sin sobresaltos, la que es el orgullo de mi familia que hoy se ve afectada por una serie de improperios y de falsas acusaciones sin fundamento", agregó.

Por su parte, Moreno informó en Twitter que aceptó la salida de Ocles y que designó en su lugar a Rommel Salazar como nuevo director general.

Sobreprecios en compras de insumos médicos

El Estado de Ecuador pagó sobreprecios entre el 400% y el 9.000% en la adquisición de insumos médicos y mascarillas para las redes hospitalarias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), dijo el contralor Pablo Celi, informó la prensa local.

"Se encontraron sobreprecios entre el 400% por la compra de mascarillas y el 9.000% en protectores faciales (…) A lo que se suma que las empresas a las que se les asignaba la compra estaban relacionadas entre sí, compartían locales, referencias comerciales; todo esto configura indicios de responsabilidad penal", señaló Celi, informó el diario El Universo.

La Contraloría General del Estado está realizando 53 auditorías a las compras públicas a propósito de la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19 por parte de gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas y ministerios.

Asimismo, Celi recordó que en los dos últimos años la Contraloría impuso sanciones por 250 millones de dólares relacionadas con las adquisiciones que se hacen en los hospitales públicos del país.

Insistió en la necesidad de que se devuelva a la Contraloría y a la Procuraduría del Estado la posibilidad de realizar informes previos en contratación pública para evitar estos ilícitos.

Por otro lado, afirmó que el Gobierno debe evaluar la pertinencia de la existencia de la Secretaría Nacional Anticorrupción, que lidera José de la Gasca.

"Es importante que pensemos en la racionalidad administrativa, jurídica, y evitar la existencia de instituciones que se sobreponen; se debe evaluar la pertinencia de mantener una entidad en estas circunstancias", reflexionó.

A poco menos de dos meses de decretada la emergencia sanitaria en Ecuador, la mayor cantidad de irregularidades han sido denunciadas en los hospitales públicos.

Empezó con la compra de mascarillas para hospitales del sistema público de seguridad social, y luego se sumó la compra de fundas para embalar cadáveres.

El 7 de mayo el presidente Lenín Moreno pidió a los ecuatorianos vigilar la inversión pública, denunciar los actos de corrupción, y dijo que no habrá tolerancia de su Gobierno a la corrupción.

La Fiscalía dijo que allanó el 8 de mayo dos dependencias del Ejecutivo denunciadas por tráfico de influencias y por supuesta corrupción en compras de alimentos para atender la emergencia por COVID-19, así como dos hospitales públicos que habrían adquirido insumos médicos con sobreprecios.