La reforma aprobada por el Congreso de Baja California, con mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) al que pertenecen Bonilla y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, "constituyó un gran fraude a la Constitución y el sistema democrático", dijo el ministro presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar.
"El Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido (el 1 de julio de 2018) al decretar por ley que un gobernador electo por dos años, ejercería el cargo por cinco", dijo el titular de la Suprema Corte.
Por lo tanto, el mandato terminará el 31 de octubre de 2021 y no en 2024 como pretendía el gobernante de la izquierda nacionalista, aglutinada en Morena.
Además de Zaldívar, los ministros Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz, Yasmín Esquivel, Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar, y Javier Laynez avalaron el proyecto de inconstitucionalidad.
El ministro Fernando Franco González presentó el proyecto que invalida la controvertida ley promovida por Bonilla en el Congreso, instalado con mayoría de su partido después de los mencionados comicios que ganó.
El proyecto declara "inválida" la llamada Ley Bonilla por ser contraria a la constitución federal y "atentar contra los principios democráticos".
El mandato electoral que recibió el entonces candidato de Morena fue para ejercer el gobierno por dos años, y "prolongarlo sin un proceso electoral de por medio es inconstitucional", dice el texto votado por los jueces.
Varios partidos opositores promovieron juicios ante la Suprema Corte: el Partido Acción Nacional (PAN centroderecha), Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ombudsman federal.