"Surgió con los estudiantes universitarios de Devoto que son alumnos míos, y alguno defendido, con el objetivo de encolumnarnos a través de la solidaridad y dándonos cuenta de los problemas que hay en los barrios de emergencia", cuenta a Sputnik el abogado Luis Tagliapietra.
Muchos familiares de los detenidos en Devoto, que padece 30% de sobrepoblación y aloja muchos presos por delitos menores, viven en el asentamiento elegido como destino de los artículos sanitarios.
Los reclusos se hallan a la espera de la autorización del ingreso de máquinas industriales de costura por parte del Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal para elaborar cofias, delantales y demás elementos sanitarios.
Esta iniciativa funcionará en la biblioteca del Complejo Penitenciario Federal de la ciudad de Buenos Aires, como se llama formalmente la cárcel de Villa Devoto, donde los detenidos montarán un taller.
Los internos del penal también son afectados por la pandemia, ya que ocho de ellos están contagiados, en un contexto tristemente ideal para la propagación del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19.
"Nos pintan como lo peor de la sociedad, cuando nosotros estamos preocupados y ocupados en aportar sin pedir nada cambio", indicó Carlos Palazzo, uno de los referentes de los presos.
Los internos esperan la autorización de las autoridades para "producir 7.000 barbijos por día y materiales sanitarios para personal de la salud en barrio excluidos y otras unidades penales".
Desde hace varias semanas se desarrolla una encendida polémica en Argentina luego de que la justicia otorgara arrestos domiciliarios para presos que habían cometido delitos menores, con el objetivo de disminuir las posibilidades de que se expanda el coronavirus en el sistema penitenciario, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires.
La medida era respaldada por el presidente Alberto Fernández.
Sin embargo, el 11 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires desestimó un habeas corpus colectivo presentado para esa provincia, por lo que los jueces deberán analizar cada caso en particular.
Motines
Las cárceles argentinas fueron noticia en todos los medios hace algunas semanas, cuando se registraron violentos y fatales motines, en reclamo de mayores medidas de seguridad ante el coronavirus.
"Nos negamos a morir en la cárcel", decía un cartel mostrado por los internos desde el techo de la prisión.
Los presos tomaron el control de al menos dos pabellones del establecimiento, donde hay 1.694 detenidos, aunque la capacidad del complejo es de 1.683 internos.
Los reclusos consiguieron subir al techo y romper las chapas que configuran la cubierta; armados con palos y protegidos con mantas, para evitar el impacto de las balas de goma, desplegaron desde allí otra pancarta en la que se leía: "el COVID-19 está en Devoto. Jueces Genocidas. El silencio no es mi idioma".
Antes, a finales de marzo, cinco internos habían muerto en dos penales de la provincia de Santa Fe (centro-este), dos de ellos calcinados, durante varias protestas en reclamo de medidas de prevención por el coronavirus.
Los espacios adaptados tendrán equipamiento técnico y se someterán a los protocolos sanitarios dictados por el Ministerio de Salud.
Los ministros también estudiaron la posibilidad de incorporar centros de salud modulares de emergencia en los establecimientos penitenciarios.