¿Sabotajes y actos violentos en España con motivo de la pandemia?

El estado de alarma vigente en España en aras de frenar y extinguir la pandemia de COVID-19, objeto de confrontación entre Gobierno y oposición, podría propiciar la proliferación de "protestas o disturbios que alteren la conflictividad social".

Así se afirma en un documento confidencial al que ha tenido acceso el diario catalán El Periódico, donde también se apunta el riesgo de que diversas infraestructuras o sedes de partidos políticos puedan ser objeto de "sabotaje". El informe, firmado como orden 21/20 Delta Papa por el jefe del Mando de Operación, teniente general Santafé, lleva por nombre Actuación de la Guardia Civil en el marco del Plan de Transición hacia una nueva normalidad y alude también a la posibilidad de protestas "de corte separatista" en el territorio de Cataluña.

Protestas por no tener fiestas

La desescalada progresiva de las medidas de confinamiento no se está produciendo al mismo ritmo en toda España, donde unas regiones han pasado ya a una fase de menores restricciones, y otras no. Al respecto, la Guardia Civil aduce que las tensiones también pueden tener lugar en "áreas geográficas que se consideren marginadas por la aplicación asimétrica" de la desescalada.

Al margen de la pérdida del puesto de trabajo como motor del desencanto, el instituto armado cree que los ánimos negativos también pueden surgir a cuenta de la imposibilidad de satisfacer necesidades lúdicas, debido a "la prohibición por la autoridad gubernativa de las fiestas patronales" en varias localidades o  por la imposibilidad de disfrutar del esparcimiento durante los  "fines de semana, festivos o periodo estival". La Guardia Civil argumenta su previsión en "las restricciones económicas provocadas por el estado de alarma" que han afectado gravemente a la economía española, "lo que puede redundar en una crisis económica que repercutirá en los ciudadanos más desfavorecidos, que podrían ver desatendidas sus necesidades básicas".

Ya lo avisaron

Ante esta perspectiva, la orden 21/20 Delta Papa consigna la necesidad de vigilar las redes sociales para prevenir "posibles iniciativas que generen conflictividad o alarma social". Internet será objeto de especial vigilancia  por su capacidad de difundir "episodios de desinformación", se advierte, "así como de apología de quebrantamiento de las normas".

La medida combina con el anuncio efectuado el pasado 15 de abril por el general José Manuel Santiago, cuando se dirigió por correo electrónico a las comandancias del cuerpo pidiéndoles identificar bulos y desinformaciones "susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno" durante la vigencia del estado de alarma. Ahora se confirma el seguimiento de las redes sociales para detectar "movimientos orientados a generar conflictividad social". En el texto se señala la conveniencia de "identificar las posibles zonas, localidades o grupos sociales que sean más propensos a violar esas normas".

Se teme un aumento de los robos

Aunque el informe destaca que la mayoría de la población acata las restricciones del estado de alarma, no se descarta que con la desescalada se observe un incremento de "las cifras de delincuencia".

Con la paulatina recuperación de la movilidad, se teme un aumento de los robos en viviendas, "sobre todo en segundas residencias", comercios e instalaciones agrícolas y ganaderas. Se insta a poner especial atención a "todos aquellos centros de producción y establecimientos comerciales que vayan reanudando su actividad económica durante esta fase, al objeto de evitar pillajes y saqueos".

Por último, en la orden emitida se recuerda a los agentes del cuerpo mostrar comprensión ante las "situaciones de fatiga" que puedan protagonizar algunos ciudadanos durante el estado de alarma. Es decir, guardar "congruencia, proporcionalidad y oportunidad" ante los "desahogos de la tensión acumulada con ocasión de las interacciones". Se trata de seguir evitando la cadena de contagios aplicando la mayor flexibilidad posible. Los agentes de la Guardia Civil deberán "extremar la corrección" durante el proceso de identificación de los ciudadanos que infrinjan las normas, sobre todo cuando estén acompañados de menores de edad.