"El Decreto Supremo 4232, que autoriza un proceso abreviado de evaluación de las semillas transgénicas del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, viola el derecho a la seguridad alimentaria, transgrede el principio de supremacía constitucional y el de reserva legal, y atenta contra la biodiversidad", dijo Cruz tras presentar sus demandas en la sede del TCP en la ciudad sureña de Sucre.
El otro recurso de inconstitucionalidad plantea la anulación de un decreto denunciado por diversos sectores como de restricción de la libertad de expresión porque tipifica como delito penal a la "desinformación" sobre la pandemia de COVID-19 que pudiera provocar incertidumbre ciudadana.
Cruz se hizo eco así de expertos y organizaciones no gubernamentales que dijeron que el patrimonio genético de Bolivia, representado en parte en el cultivo tradicional de centenares de variedades de maíz, sería puesta en riesgo por la introducción de semillas GMO que interesan a los grandes productores agroindustriales.
La defensora sostuvo que la Constitución Política de Bolivia dispone que la producción, importación y comercialización de transgénicos debe ser regulada por ley y no por decreto, como pretende el Gobierno interino.
Sobre la norma que restringe la libertad de expresión, que fue rechazada por organizaciones de dueños de medios y de periodistas, además de organismos internacionales, Cruz dijo que es "incompatible con la Constitución, porque vulnera el precepto de la libertad de información y de opinión y porque cualquier restricción a este principio sólo puede establecerse por ley".
"En Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional es la única que se encuentra con la legitimidad constitucional para limitar derechos fundamentales, pero bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En otras palabras, cualquier restricción de los derechos fundamentales, como el de la libertad de información y opinión, pasa necesariamente por un diálogo democrático en el Órgano Legislativo", afirmó la Defensora.
Añadió que el TCP debería "expulsar del ordenamiento jurídico" boliviano a las normas cuestionadas.
