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Jurista salvadoreña descalifica pretexto para prorrogar emergencia por COVID-19

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SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prorrogó el estado de emergencia amparándose en un artículo que no aplica, dijo a Sputnik la abogada Ruth López, quien presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la medida.
"El presidente cita un artículo de la Ley de Protección Civil que le permite decretar el estado de emergencia si la Asamblea Legislativa no está trabajando, pero no es el caso, porque el Parlamento salvadoreño, a diferencia de otros países, sesiona de forma permanente", explicó la jurista a Sputnik.

López presentó su demanda en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto Ejecutivo 18, recién aprobado por la Comisión Nacional de Emergencia y Protección Civil para prorrogar por 30 días el estado de emergencia para enfrentar al coronavirus causante de la pandemia global de COVID-19.

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"El problema es que el artículo aducido por el presidente sí existe, pero data de cuando la Asamblea no trabajaba de forma permanente, y se daban largos períodos de ausencia, lo cual no es el caso, por eso la Sala debe intervenir", agregó la abogada, quien ha presentado con anterioridad otras demandas contra disposiciones de Bukele.

Según el artículo 24 inciso segundo de la Ley de Protección Civil, si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida, el presidente de la República podrá decretar el estado de emergencia ante una situación de riesgo, para después informar al Parlamento.

"Siguiendo esa lógica, los fines de semana se podría aprobar cualquier cosa, y ese no es el sentido de una disposición constitucional que, insisto, data de otros tiempos", acotó López.

La abogada considera que existen visos de inconstitucionalidad en el decreto para prorrogar la emergencia, pues el mandatario se extralimita en sus facultades al suplantar el papel de la Asamblea, y por ciertos elementos en materia de contrataciones.

"Existe una nueva ruptura del orden constitucional, como ocurrió el pasado 9 de febrero", agregó López, en alusión a la militarización del Parlamento y sus alrededores, ordenada por Bukele para presionar el visto bueno de los diputados a la negociación de un crédito millonario para financiar un plan de seguridad.

López presentó entonces una demanda ante la Sala contra la intención del Ejecutivo a forzar al Legislativo a sesionar, y el máximo tribunal del país falló a su favor e incluso dictó medidas cautelares para impedir nuevas convocatorias de Casa Presidencial.

Según la jurista, este es un capítulo más del diferendo entre Bukele y la oposición, y lo consideró una maniobra del Ejecutivo para anular el papel de los legisladores.

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