Los pobres y la clase media salvadoreña parecen haber encontrado un punto común de protesta en tiempos de coronavirus contra las acciones del presidente Nayib Bukele.
Esta "bulla" condena las medidas oficiales para enfrentar la pandemia por considerar que "restringen, sin motivo, sus derechos civiles y humanos. Lo mismo consideran los más vulnerables", indicó Handal, aunque aclaró que para estos últimos la prioridad es alimentarse.
"La economía de este país está signada por la informalidad, unos dicen que la cifra es 60% y otros la suben a 80%", describió el legislador del FMLN. Esto implica que, a falta de salario, millones dependen de lo que puedan obtener por día. Pero hoy esto no es posible, a raíz de las restricciones impuestas por la cuarentena obligatoria.
"Hoy venía por una ruta que cruza muchas comunidades en las que su diario vivir es la informalidad. Aquí se ha puesto de moda sacar banderas blancas para pedir ayuda porque no tienen víveres, no tienen para comida. Y eso estaba lleno de banderas blancas pidiendo auxilio, esa es una de las formas de la protesta aquí, todo El Salvador está así", ilustró Handal.
Pero también el malestar se empieza a sentirse en otros sectores de la sociedad, "el de la clase que tiene incluso el salario asegurado". Handal señaló que esto se debe a "la violacion a sus derechos, al encierro total y al hastío sobre todo de que no pueden asomar la cabeza porque está la patrulla policial volviéndolos a meter hacia adentro".
¿Y el Legislativo? También protesta
En ese contexto, el 14 de marzo el Ejecutivo remitió un proyecto de Ley de Emergencia, aprobado y prorrogado en tres oportunidades. Pero en la última ocasión, este jueves 14, la mayoría votó contra una nueva extensión.
"No votamos porque en esa ley se le daba la prerrogativa, como era una emergencia nacional, de poder disponer de los recursos financieros del Estado sin necesidad de tener que venir a explicar a la Asamblea Legislativa", detalló el subjefe del bloque del FMLN.
Pero en la misma norma se impuso que "30 días después de terminada formalmente la emergencia del COVID-19 tendrá que dar los informes respaldados debidamente de todos los gastos".
Cuando la iniciativa fue lanzada en marzo por el presidente, dijo que una vez terminada el país tendría "el hospital más grande de Latinoamérica" para atender a afectados por el COVID-19. El mandatario informó que la construcción insumiría tres meses y medio, que tendría 300 unidades de cuidados intensivos y 2.000 camas. Pero la fecha de fecha de inauguración se desconoce como así también la utilidad que tenga llegado el caso.
"Se le aprobaron 2.000 millones de dólares la primera vez que solicitó para atender toda la emergencia, y volvió a pedir 1.000 millones más. Todo eso nos ha hecho llegar a la conclusión que la Ley de Emergencia tal como está ya no puede ser aprobada", argumentó Handal.
El entrevistado explicó que el FMLN busca alternativas para revertir el decreto que Bukele ordenó emitir para extender por su sola vía la Ley de Emergencia por otros 30 días y que tenga herramientas para "controlar al Ejecutivo sobre el gasto y su capacidad de endeudamiento".
