"No vamos a esconder la basura debajo de la alfombra, la vamos a barrer y botar (…), hemos solicitado la detención preventiva de todos los aprehendidos, por riesgo de obstaculización al proceso y riesgo de fuga", dijo en una conferencia de prensa el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.
Coímbra se refirió a Navajas como "exministro", aunque este no ha sido destituido formalmente ni ha renunciado, estando solo en condición de "apartado" por orden de la presidenta transitoria Jeanine Áñez del cargo que había ejercido por 42 días.
El Ministro de Justicia dijo que la unidad de Transparencia de su oficina había seguido el proceso de compra de los 170 respiradores de la marca GPA Innova de España, de los cuales diversos sectores denunciaron que tenían mala calidad y sobreprecio.
Entre supuestas irregularidades, Coímbra citó los despidos de dos abogados que objetaron por razones técnicas y legales la compra en trámite acelerado hecha por una agencia estatal de insumos médicos, por instrucción de Navajas.
El titular de Justicia confirmó que de los 4,7 millones de dólares fijados como precio total de los respiradores, el Gobierno ha pagado 2,2 millones.
Jeanine Áñez ha ordenado que no se realicen más pagos, mientras se gestiona que la justicia española investigue a la firma proveedora, la intermediaria IME Consulting, añadió.
Entretanto, la fiscalía de La Paz, anunció que acusará formalmente a Navajas y a otros cuatro funcionarios de incumplimiento de deberes, daño económico y daño a la salud, pidiendo que los procesados sean puestos en detención preventiva.
