"Promover una política pública de control de precios bajo el pretexto de sancionar el acaparamiento y la especulación, además de ser inconstitucional, fomentaría la informalidad y el mercado negro de los fármacos, perjudicando a las personas de escasos recursos y a la población que requiere con urgencia medicamentos para salvar sus vidas", dijo en un comunicado la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), gremio que agrupa a los grandes inversores privados.
El martes, el presidente Martín Vizcarra denunció que las farmacias del país estaban especulando con los precios de los medicamentos que se están empleando para tratar el COVID-19.
Asimismo, el mandatario anunció que las farmacias estarán obligadas a incluir a los medicamentos para el virus en la lista de fármacos genéricos del Ministerio de Salud, los cuales están controlados en su costo.
La Confiep indicó que "el Estado debe cumplir con su misión de abastecer de medicamentos a los establecimientos de salud públicos a fin de que los pacientes de COVID-19 tengan una atención integral que los incluya y que no los obligue a buscar un abastecimiento externo".
A la fecha, Perú registra 3.024 decesos por la enfermedad respiratoria y 104.020 infectados.