"La decisión evidencia un engaño del presidente Andrés Manuel López Obrador al electorado mexicano, pues como candidato construyó una narrativa crítica al Gobierno del entonces mandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) por tener a los militares en las calles, haciendo supuestas funciones de Policía", dijo a Sputnik José Antonio Guevara, director ejecutivo de la independiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
Guevara, quien también integra el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recordó que, cuando se desempeñaba como líder de la oposición, López Obrador "condenó seriamente las graves violaciones de derechos humanos que las fuerzas militares cometieron en aquella época".
López Obrador emitió la semana pasada un decreto que autoriza a que las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Fuerza Aérea realicen durante cinco años tareas complementarias de seguridad pública con la flamante Guardia Nacional (GN), creada el año pasado e integrada fundamentalmente con militares.
El decreto señala de manera explícita que esta participación de las fuerzas militares se hará "de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria" a las de la Guardia Nación e instruye para que los uniformados garanticen el respeto a los derechos humanos en sus operativos.
Pero el periodo "extraordinario" abarca hasta su último año del sexenio presidencial.
Críticas de organismos internacionales
Las instrucciones del decreto presidencial son insuficientes para los principales organismos internacionales que velan por el respeto a las garantías fundamentales.
Las tanquetas, jeeps artillados, helicópteros y aviones de guerra ya estuvieron en escena en los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012), violando la Constitución
Peña Nieto lanzó a los militares al combate mediante una polémica Ley de Seguridad Interior, promulgada en 2017 y declarada inconstitucional por la suprema Corte de Justicia en noviembre de 2018, pocos días antes de que asumiera el cargo López Obrador.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya pidió al Gobierno que revise la decisión.
Guevara, quien ha representado a México en la sede de la ONU en Ginebra, cuestiona la redacción del decreto, que califica como "una orden vaga con subordinación inexistente, sin controles e inseguridad jurídica".
"Es la culminación de un proceso de militarización que inició Felipe Calderón, fortaleció Peña Nieto y López Obrador constitucionaliza", cuestionó Guevara, coautor del informe "Violencia y Terror: hallazgos sobre fosas clandestinas" de 2006 a 2017.
Por su parte, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, deploró que la estrategia viole la Constitución e ignore la legislación que la propia bancada oficialista aprobó el año pasado para dar vida a la GN.
"No sólo se viola el artículo constitucional número 2, sino que la disposición que creó la Guardia Nacional obliga a emitir una legislación que regulara la posible participación militar" en las calles, reveló Sánchez en una presentación de la postura de su organización.
Las entidades que encabezan Guevara y Sánchez integran un influyente colectivo de unas 300 organizaciones y expertos bautizado #SeguridadSinGuerra, que exige desde hace muchos años que los militares regresen a sus cuarteles.
Guevara subraya que López Obrador intentó maquillar el rostro de la guerra: "es una decoración legal, al despliegue militar contra la delincuencia organizada, que antes había criticado".
Las cifras arrojan un saldo atroz a su primer año de Gobierno: en 2019 México registró un récord histórico de asesinatos, con más de 34.500 personas muertas, casi 100 cada día desde que comenzaron las cuentas oficiales en 1997.
A pesar de la inactividad económica durante la pandemia de coronavirus, el 19 de abril pasado México tuvo su día más sangriento este año: 105 asesinatos.
