"La Procuraduría General ha solicitado, a todas las entidades que han contratado con la compañía Odebrecht, información sobre el estado de esos contratos y si es que han presentado demandas por incumplimientos o por daños y perjuicios (…) A la Procuraduría le corresponderá acompañar en los procesos judiciales, con su asesoría técnico-jurídica y con la presencia de sus abogados en los correspondientes procesos", dijo Íñigo Salvador, Procurador General del Estado de Ecuador, en rueda de prensa virtual.
En esa línea, Salvador instó a las empresas y entidades públicas del país suramericano que se consideren perjudicadas por actos de la constructora brasileña a que interpongan acciones legales en contra de esa compañía.
El 21 de mayo, Ecuador rompió la negociación, iniciada en julio, con Odebrecht para obtener una reparación integral por sus actos de corrupción en ese país.
Al respecto, el titular de la Procuraduría dijo que las conversaciones terminaron porque hubo un intento de la empresa de coaccionar o coercionar al Estado ecuatoriano.
Odebrecht construyó importantes obras en Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), una de ellas el poliducto Pascuales-Cuenca, en el que, según el Gobierno de Lenín Moreno, hay serios problemas técnicos, sobornos y sobrecostos.
Según información oficial, la empresa entregó 47,3 millones de dólares en coimas en Ecuador para la obtención de contratos, dentro de la trama de corrupción que envolvió a la empresa en toda la región en el caso conocido como 'Lava Jato'.
